Los sindicatos con presencia en la Mesa General de Negociación de la Generalitat --UGT, CCOO, CSIF, FSES e Intersindical Valenciana (IV)-- han acusado este martes al Consell de pretender que convoquen una huelga al anunciar nuevos ajustes en los medios de comunicación sin consultarles previamente, aunque por ahora descartan "entrar al trapo" y apuestan por mantener la "exitosa" campaña de movilizaciones hasta lograr la retirada del decreto autonómico de recortes que afectan a los empleados y servicios públicos.
Así lo han señalado en rueda de prensa los secretarios generales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV, Juan Cruz, y de la Federación de Servicios Públicos de UGT PV, Luis Lozano, el secretario autonómico de Acción Sindical de CSI·F, Rafael Cantó, el secretario general de FSES en la Comunitat, Andrés Cánovas, y el portavoz de Intersindical Valenciana, Vicent Mauri.
Cruz ha recalcado que "ayudan bien poco a intentar reconducir la situación" declaraciones como las realizadas por los 'consellers' de Educación, María José Catalá, y de Sanidad, Luis Rosado, "por una parte amenazando con una campaña de persecución al personal docente que pueda estar en situación de incapacidad temporal finalizando su situación", y por otra, con al anuncio de "cierres de centros de salud, con lo que implica de pérdida de calidad del servicio".
Los representantes sindicales han coincidido en el éxito logrado con las iniciativas organizadas hasta ahora y en la buena acogida recibida por parte de la ciudadanía. Por este motivo, confían en el resultado de la huelga de consumo convocada para este sábado para "hacer visible en un día lo que les está pasando todo los días a los empleados públicos", en palabras de Cantó.
Estas organizaciones han remitido una carta a los 549 ayuntamientos de la Comunitat para pedirles que aprueben mociones en los plenos municipales de rechazo a ese decreto que incluye "recortes en los servicios públicos que afectan seriamente a los ciudadanos".
Además, han convocado concentraciones en las localidades más importantes de la autonomía para el día 23 "como antesala" de las manifestaciones que llevarán a cabo el sábado 25 de forma simultánea en las tres capitales de provincia a partir de las 18.00 horas.
Este jueves también mantendrán una reunión con asociaciones de consumidores y usuarios, a la que han invitado a sumarse a los representantes de enfermos, de discapacitados y de las más de 350.000 personas que se verán afectadas por el recorte de fondos para la atención a esas personas. Será a las 18.00 horas en la sede de UGT.
"ABRIR UNA NEGOCIACIÓN SERIA Y SENSATA"
Esas acciones se enmarcan en la actual campaña sostenida de movilizaciones con la que buscan la retirada del decreto y que pretenden mantener, sin "morir de éxito", hasta que logren su objetivo y el Consell acceda a "abrir una negociación seria y sensata" sobre las distintas medidas que permitirían reducir el déficit. Ante la creciente respuesta obtenida, por el momento descartan convocar una huelga aunque advierten de que podrían verse abocados a hacerlo más adelante si el malestar existente en sectores como sanidad y educación se convierte en "cabreo" generalizado.
Por otro lado, han alertado de que la reforma laboral impide la reducción de la jornada del personal interino prevista en el decreto aprobado por el Consell, lo que "afecta a cerca de 60.000 contratados laborales en el sector público valenciano" dado que imposibilita acometer ese ajuste y "la única salida que deja es el despido". Así, Cruz se ha preguntado si optará por "dejar sin efecto" esa medida, "aplicarla sólo al personal funcionario interino o acogerse a esa única vía que le deja la reforma laboral, que es la de los despidos".
Luis Lozano ha advertido asimismo de que el Consell pretende "maquillar el durísimo plan de ajuste como que es una cuestión que sólo afectará a algunos empleados públicos" pese a que "es imposible resolver los más de 20.000 millones que debe la Generalitat sólo con esas medidas, aunque sean gravísimas" y que, además, "pone en riesgo la convivencia en la Comunitat" al "romper las reglas del juego, despreciar a la representación de los trabajadores, imponer medidas de una manera unilateral e intentan desbaratar el Estado de Bienestar para privatizar y hacer negocio con ello".
