Plan de saneamiento, de rescate, de salvación o, simplemente, una intervención encubierta. El Gobierno y el Banco de España ultiman un grupo de medidas para enderezar el balance de Bankia e intentar que sea una entidad viable y que deje de emponzoñar al resto del sistema. Los detalles se desconocen, pero todo indica que será necesario inyectar entre 7.000 y 10.000 millones de euros en una entidad totalmente ahogada por su elevada exposición al sector inmobiliario. Los problemas de Bankia son enormes. A la morosidad y el descomunal volumen de crédito inmobiliario -el mayor del país- se une la necesidad de abonar anualmente intereses de más de 300 millones por los 4.465 que le prestó el FROB a su matriz, el BFA, y que también debe devolver. Además, el nuevo decreto del Gobierno le obligaba a hacer saneamientos por valor de 5.070 millones este año -en dos ejercicios si se unía a otra entidad, una opción ahora descartada- de los cuales 2.200 corresponden a provisiones específicas. Bankia pretendía alcanzar este objetivo por sus propios medios y, de hecho, remitió un plan al Banco de España, que este aprobó.
Pero la realidad financiera, con unos mercados que, siguiendo el dictamen del Fondo Monetario Internacional, consideran que Bankia es el gran problema del sistema bancario español y que no puede seguir caminando sin ayudas, ha llevado al Banco de España y al Gobierno a buscar una solución para la cuarta entidad del país. El Ejecutivo dejó ayer claro que el plan de saneamiento se conocerá antes del viernes, que es cuando el Consejo de Ministros aprobará nuevas medidas para intentar solucionar de una vez los problemas de la banca. Las salidas para Bankia pasan por el dinero público, en principio buscando fórmulas que no incrementen el déficit del Estado. Todo indica que la más socorrida es la que está contemplada en el último decreto del Gobierno: los llamados cocos (bonos contingentes convertibles). Se trata de un préstamo a un elevado interés de aproximadamente un 8 % otorgado por el FROB. Su particularidad es que está condicionado a tener un determinado grado de solvencia. Si la entidad baja del 8 % -Bankia tiene un 10,6 %-, automáticamente esos bonos se convierten en capital, lo que conlleva de forma inevitable la dilución de la participación que tengan los accionistas, una opción que, de producirse, sería dramática en el caso de Bankia, con solo diez meses en los mercados.
Préstamo
Otra posibilidad para completar los cocos sería que el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, decidiera no devolver el préstamo que hace dos años le dio el FROB por4.465 millones. En ese supuesto, esa enorme cantidad de dinero se convertiría en capital, con lo que el Estado prácticamente habría nacionalizado la entidad. Si las siete cajas de ahorros que integran el BFA, entre ellas Bancaja, quedaran por debajo del 25 %, deberían convertirse en fundaciones. El problema en este caso, similar al de Catalunya Caixa y Novagalicia Banco, es que la nacionalización obligaría a una posterior subasta a un competidor.
Aunque también se apunta en algunos medios la opción más remota de fusionar el BFA y Bankia, de las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se deduce que una alternativa viable para la entidad, tal como venía insistiendo su ya expresidente, Rodrigo Rato, pasaría por la creación de un banco malo o, dicho de otra forma, una sociedad inmobiliaria donde se pusieran los activos tóxicos de la entidad. El problema es quién paga la factura de sacarlos de balance. El propio banco no parece en disposición de hacerlo y, si lo hace el Estado, se trataría de ayudas públicas. Era una opción que el Gobierno ha desechado siempre, pero ayer su presidente ya adelantó que, si es preciso en alguna entidad, inyectará dinero del Estado. Parece que Bankia es ese banco con necesidades.
