La maratoniana junta general de accionistas del intervenido Banco de Valencia, gobernado por los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) desde finales de 2011, constató ayer el profundo malestar e indignación de los pequeños ahorradores contra los principales gestores de la entidad hasta que tomó el timón el Banco de España para evitar su quebranto económico: José Luis Olivas, Domingo Parra, Antonio Tirado y Aurelio Izquierdo. Tanto es así que el principal órgano de gobierno de la entidad financiera ratificó el inicio de acciones legales contra los citados exmandatarios del banco a través de una "acción social de responsabilidad", es decir iniciar una acción civil ante los tribunales contra los administradores con la finalidad de resarcir daños y perjuicios ocasionados por su gestión.

La votación (a propuesta del accionista Xavier Sierra) obtuvo el 6,03% de votos a favor, el 5,61 % en contra y un 88,36% de abstenciones, que incluyen el de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia que controla el 39 % del Banco de Valencia. Si el principal propietario del Banco de Valencia, ahora controlado por el Estado tras la nacionalización, hubiese votado en contra la junta tampoco hubiese aprobado acciones legales contra los anteriores gestores de la entidad con sede en Pintor Sorolla. Además, los accionistas aprobaron el plan de reestructuración propuesto por el FROB con el 98,9 % de los votos a favor, que incluye una "operación acordeón", reducción y posterior ampliar de capital, que permitirá inyectar 1.000 millones al Banco de Valencia, ya sea a través del Fondo de garantía de Depósitos o el FROB. Esa operación diluirá la participación de los pequeños accionistas al, mientras que el 91 % quedará en manos del FROB, hasta su posterior subasta y la entrada de un nuevo inversor.

"La situación era inviable"

"La situación era inviable, pero hay tiempo para solucionar y recapitalizar la entidad. Comprendo su sentir y su decepción, pero no hay duda de que es la mejor solución posible", reconoció el administrador del FROB José Antonio Iturriaga en respuesta a algunos accionistas. También reconoció que existía un "déficit en la capacidad de gestión" y que su exposición al riesgo inmobiliario le habían dejado de una "crisis de descomunales proporciones". En su opinión, la ampliación de capital "evita el camino de la liquidación". En respuesta a las intervenciones de los accionistas, Iturriaga, a la sazón ex administrador del FROB en Caja del Mediterráneo (CAM), aseguró que se están revisando las actuaciones de los anteriores gestores del banco para tomar medidas "si se detectan irregularidades". Respecto a los otros puntos del orden del día, las cuentas anuales de 2011 del banco fueron aprobadas por el 76 % de los accionistas y la gestión , recibió el 7 % de los apoyos, si bien el 88,8 % optó por la abstención.

El aumento del capital supondrá la emisión de hasta 5.000 millones de acciones acumulables, de 0,20 euros de valor nominal cada una. Al renunciar Bancaja a la suscripción preferente, las acciones se cambiarán una antigua por cada 11 nuevas.

Olivas, Parra, Tirado e Izquierdo, grandes ausentes en la reunión de accionistas

A la junta asistieron 511 pequeños accionistas y 12.310, representados, que controlaban el 79,47 % del capital social. Como era de esperar hubo grandes ausentes: Olivas, Parra, Tirado e Izquierdo no acudieron. Probablemente hubieran necesitado protección policial. El malestar contra los exgestores fue patente entre los pequeños ahorradores, en su mayoría de edad avanzada, algunos de los cuales reconocieron que con el hundimiento del Banco de Valencia han perdido los ahorros de toda una vida. Sí dieron la cara algunos exconsejeros de la entidad, como Agnés Noguera, Silvestre Segarra, Marita Boluda, José Luis Quesada o la firma Montepío Loreto; aunque las críticas no iban dirigidas contra ellos. A partir de ahora, la acción social de responsabilidad aprobada se dirige a Olivas como persona física, pero también a la sociedad que representa, Bancaja, así como a Valenciana de Inversiones Mobiliarias (representado por Parra) y a Bancaja Seguros (quien designó a a Antonio Tirado). La petición del abogado de la asociación Apabankval, Diego Muñoz Cobo, que ya ha interpuesto una querella con estos gestores en los juzgados, para promover la acción social de responsabilidad contra "todos" los exconsejeros no fue aceptada por la junta.