21 de mayo de 2012
21.05.2012

Fracasa el identificador de bicicletas del Instituto Tecnológico Metalmecánico

Los distribuidores apenas venden los chips y solo dos ayuntamientos se han adherido a la iniciativa

23.03.2012 | 01:00

El dispositivo de localización de bicicletas impulsado por el Instituto Tecnológico Metalmecánico (Aimme) y el Ayuntamiento de Valencia presentado en abril del año pasado como "un mecanismo de seguridad pionero en España" apenas ha tenido éxito en su corto año de vida. Distribuidores consultados por este diario confesaron que, en algunos casos, no han vendido ni uno solo de los chips que pretenden poner freno al cada vez más extendido robo de bicicletas en las principales ciudades valencianas. La razón es que el dispositivo no permite la localización de una bici cuando ha sido sustraída, sino que solo identifica a su verdadero propietario en caso de acabar en los almacenes municipales. Con su precio, 15 euros, el dispositivo no ha convencido a los ciclistas.
Solo dos ayuntamientos (Valencia y Aldaia) se han adherido al proyecto que comercializa la firma Identibike, surgida como "spin off" de Aimme y en la que el director del centro, Salvador Bresó, figura como administrador único. La presentación del dispositivo de localización la llevó a cabo en el Parque Tecnológico en su condición de director general de AIMME. Bresó compartió la conferencia de prensa con el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez, y del Intendente General Jefe de la Policía Local de Valencia, Andrés Rabadán. La patente del sistema la tiene, sin embargo, otra empresa que la comercializa en España desde hace ocho años. Y, como ya señaló Levante-EMV en su día, en Holanda se dejó de implantar este tipo de chips en bicicletas por su falta de funcionalidad. Al parecer, sólo sirven para cierto tipo de modelos, es facilmente violable y ocultable, y, lo que es fundamental: La policía carece de lectores de RFID para identificarlos.
Aimme acaba de recibir luz verde de la Dirección General de Trabajo para llevar adelante un Expediente de Regulación de Empleo que contempla la extinción de trece de sus 98 puestos de trabajo así como rebajas salariales del 4 al 7%, con el fin de asegurar "la viabilidad" del centro.
Entre los despedidos no figura ni la esposa, ni ninguno de los numerosos miembros del Camino Neocatecumenal colocados en este departamento financiado con fondos públicos por su responsable desde 1987, el también kiko Salvador Bresó.

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