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Un fenomenal fraude. Esa es la conclusión de la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por el FROB, administrador actual del Banco de Valencia en tanto que su accionista mayoritario, contra el exconsejero delegado de la entidad, Domingo Parra, su esposa, María José Aznar, y los cinco hermanos Calabuig Gimeno, empresarios castellonenses, a los que acusa de presuntos delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida y para los que pide, como medida cautelar, el embargo de cuentas bancarias y bienes por importe de 137 millones de euros correspondientes «al valor de la responsabilidad civil derivada de delito que se ha podido cuantificar provisionalmente». La presentación de la denuncia tuvo lugar el pasado 12 de junio y está fundamentada en un informe pericial que el Banco de Valencia encargó a la consultora KPMG ante la sospecha de que se habían cometido diversas actuaciones delictivas que habían contribuido, junto a una estrategia de apoyo masivo al sector inmobiliario, a la debacle del banco, que fue intervenido el 21 de noviembre de 2011 y que, a la espera de ser subastado, ha necesitado ayudas públicas por valor de 4.500 millones de euros.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, no se detiene en el análisis de operaciones de financiación inmobiliaria polémicas que ejecutó el banco, como la de Polaris World. En realidad, se centra únicamente en tres empresas: Aguas de Valencia, Costa Bellver y Capital Residencial, donde participaba indirectamente Izpa, una sociedad propiedad al 50 % de Parra y de Aurelio Izquierdo, su sucesor como consejero delegado del Banco de Valencia desde el 7 de octubre de 2011. Izquierdo, quien fue desde 2007 director general de Bancaja —entidad que controlaba el banco—, director de negocio de Bankia —desde la fundación del grupo en 2010 hasta su defenestración en octubre de 2011— y durante tres semanas, hasta la intervención, presidente del Banco de Valencia, figura en la denuncia como «partícipe a título lucrativo».

La denuncia del FROB expone una connivencia entre Parra y los Calabuig, propietarios, entre otras, de la mayoría de Aguas de Valencia (Agval), en diversas operaciones en las que todos salen ganando menos el banco: «Los comportamientos puestos de manifiesto en el informe pericial muestran una instrumentalización del Banco de Valencia por parte de diversos integrantes...de la familia Calabuig, a quienes el Banco de Valencia ha "financiado" operaciones carentes de toda racionalidad económica. Para ello, resulta un elemento clave la connivencia (e interés personal)» de Parra, «que ocultaba información continuamente al consejo». De esta forma, según la denuncia, los Calabuig, financiados por el banco, se hicieron con el control de la sociedad que aglutinaba la participación local en Aguas de Valencia —Inversiones Financieras Agval— en perjuicio de la entidad financiera, que cedió la mayoría en el capital sin lograr ninguna prestación a cambio. Es más, el préstamo, luego refinanciado, sigue sin ser amortizado, según la versión del FROB. El control de Inversiones Financieras Agval «posibilitó que la familia Calabuig [liderada por el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig] consiguiera fraudulentamente fondos del Banco de Valencia utilizando Agval como instrumento o canalización del fraude». A este respecto, la denuncia es muy contundente y asegura que «la familia Calabuig consigue llevar a cabo la estafa desde [Inversiones Financieras] Agval gracias a la actuación conjunta con el Sr. Parra, al que sobornan por cuatro millones de euros».

Respecto a la operación Residencial, donde Parra e Izquierdo tenían un 30 % a través de Capital Costa, una firma que compraron a los Calabuig por 4.532 euros, y donde los empresarios castellonenses también eran propietarios, la denuncia asegura que «al menos parte del dinero que salió del Banco de Valencia [para financiación] y que no ha sido recuperado en su mayor parte, acabó en cuentas de sociedades controladas por su consejero delegado».