Aunque no se trate de un rescate completo como el de Grecia o Portugal y a pesar de que España ya ha adoptado casi todas las «recomendaciones» que demandaban Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), nadie duda de que la solicitud de ayuda al Fondo Europeo de Estabilidad que baraja el Gobierno €y que casi exigen el BCE y Alemania€ conllevaría contrapartidas en forma de nuevos ajustes y de cesión de soberanía nacional. En concreto, los expertos consultados por este diario creen que los socios del euro podrían reclamar nuevos recortes en el empleo público, una rebaja en las prestaciones por desempleo y que se acelere el retraso de la edad de jubilación a cambio de que el citado fondo o el propio BCE compren deuda española para rebajar su prima de riesgo.
Mariano Rajoy tampoco tiene demasiado tiempo para sopesar alternativas a la petición de rescate ante el calendario de vencimientos del Tesoro Público. El catedrático de Análisis Económico e investigador del Ivie, Joaquín Maudos, sitúa la fecha límite en octubre, cuando el Ejecutivo debe hacer frente a la renovación de más de 27.000 millones de euros. «Con los tipos que está pagando el Gobierno no tendría sentido emitir esa cantidad porque lo que ahorras con los recortes lo acabas gastando en intereses», señala Maudos. «Se entraría en una espiral muy peligrosa y muy difícil de explicar a los ciudadanos que deben soportar los sacrificios exigidos para rebajar el déficit», coincide el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues.
Ambos aseguran, también, que España necesita ayuda externa para superar esta situación y que lo ideal hubiera sido que el BCE hubiera reactivado su programa de compra de deuda pública, una actuación que no implica condicionantes para los países beneficiados. Sin embargo, la negativa de Alemania, Finlandia u Holanda, temerosos de que España e Italia no cumplan sus compromisos de austeridad, ha pesado más en esta ocasión.
Lo que ahora se plantea es un rescate «light». A diferencia del tradicional, que implica sacar al país de los mercados y que sean el Fondo de Estabilidad y el FMI quienes le presten directamente todo el dinero que necesite durante un plazo determinado de tiempo, con España e Italia la actuación se limitaría a comprar bonos o letras en esos mismos mercados para conseguir que su precio baje y que estos gobiernos puedan seguir operando.
La petición, eso sí, exigiría la firma de un «memorándum de entendimiento». Es decir, un documento en el que los socios europeos ponen sus condiciones para acceder a que se utilice su dinero con este fin. Es algo que ya se ha hecho con el rescate a la banca y que obligará a que, a partir de septiembre, cualquier decisión que que tome el Banco de España deba ser supervisada y autorizada por el BCE.
Cesión de soberanía
Al respecto, tanto Maudos como Menargues creen que la petición de ayuda al Fondo de Estabilidad implicaría esta misma tutela sobre todas las grandes decisiones económicas del Gobierno. «Es lógico que si alguien te presta dinero €aunque sea de forma indirecta€ quiera asegurarse de que adoptas las medidas necesarias para devolvérselas», señala el economista alicantino.
Esto implica también nuevos recortes en el gasto, a pesar de que España ya ha adoptado «prácticamente todas las recomendaciones que realizaron el FMI y la CE y que ambos organismos consideran que la velocidad de los ajustes es la adecuada» para evitar que la economía española se hunda definitivamente, recuerda el investigador del Ivie. Una de las pocas «sugerencias» que no se han cumplido es la de acelerar el retraso de la edad de jubilación, por lo que Joaquín Maudos se muestra convencido de que ésta será una de las nuevas exigencias. También es muy probable €al menos así ha ocurrido en el resto de países rescatados€ que los socios de la UE exijan rebajas en las prestaciones por desempleo, señala el experto. Se trata de una de las partidas presupuestarias que más ha crecido y que más difícil de ajustar le resulta al Ejecutivo.
Dudas sobre las autonomías
Otra de las apuestas fijas en todas las quinielas son nuevos recortes en el empleo público, tanto en el número de funcionarios como en los salarios. «Uno de nuestros mayores problemas es que en el exterior no acaban de ver viables los ajustes presupuestarios con nuestra actual estructura de Estado, y algo de razón llevan», explica el presidente del Colegio de Economistas de Alicante. A su juicio, se hace imprescindible un adelgazamiento de la administración y acabar con las redundancias del Estado autonómico, lo que no significa acabar con las autonomías «sino hacerlas más eficientes».
Los expertos no creen, sin embargo, que las exigencias de los socios europeos con España o Italia lleguen al recorte directo de las pensiones de hasta el 40% o las rebajas salariales generales que se han impuesto en Grecia o Portugal.
