La invitación del pasado jueves del Banco Central Europeo a España e Italia para que soliciten formalmente la ayuda del fondo de rescate de la Unión Europea puso de nuevo la pelota en el tejado del Gobierno español. Mariano Rajoy debe ahora decidir si acepta el órdago lanzado por Mario Draghi y que, aunque fue mal recibido por los mercados que esperaban la intervención urgente del organismo europeo, empieza a verse ahora como una solución más positiva que negativa. La medida ofrece por primera vez la compra ilimitada de bonos en el mercado secundario con recursos del fondo de rescate y la posibilidad de obtener así liquidez. Los expertos temen, sin embargo, que se dispare la inflación, lo que a su vez beneficiaría a los países del sur de Europa, pero perjudicaría a las economías más saneadas del norte, razón por la cual el Bundesbank alemán viene oponiéndose a la compra de bonos desde el BCE.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado viernes durante su discurso de balance de los primeros meses de mandato, que antes de tomar una decisión quiere conocer las condiciones que impondrá el BCE, y que Draghi prometió tener listas en "las próximas semanas". Pese a la postura de fuerza, los analistas dan por hecho que tanto España como Italia recurrirán a esta fórmula, que el sector financiero no termina de interpretar como un rescate, sino como una "ayuda extraordinaria" o, apurando términos, un "rescate parcial", diferente de los de Portugal, Irlanda y Grecia. Y es que, añaden, rechazar esta fórmula haría inevitable a medio plazo el rescate total de un estado estrangulado por la falta de liquidez y los elevados intereses que le imponen los mercados, dejando sin financiación a un Gobierno que en octubre tendrá que hacer frente al vencimiento de créditos por valor de 30.000 millones de euros.

Los mercados, además, ven un arma de doble filo en algunas de las medidas tomadas hasta ahora por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y observan con temor que la subida del IVA termine frenando la economía y haciendo descender los ingresos del estado. En esta línea, los duros recortes ya ejecutados y una tasa de paro que se aproxima al 25%, dejan poco margen de maniobra al Gobierno para mantener los servicios básicos del Estado de Bienestar y el pago de las deudas.

Ante una situación tan compleja, se empiezan a escuchar voces que plantean públicamente la salida del euro como una solución viable. Recuperar la moneda propia permitiría al Banco de España devaluar su valor, financiar al Estado y recuperar el control sobre la política económica del país. Sin embargo, la devaluación de la moneda haría imposible el pago de la deuda adquirida y obligaría a una quita inmediata que acabaría con la credibilidad de España en los mercados, lo que dificultaría enormamente la financiación. Por ello, tanto la Unión Europea como el Gobierno de Rajoy, se han mostrado siempre tajantes al negar esta posibilidad, que supondría la ruptura del euro, con enormes consecuencias para los países socios. El propio Mario Draghi reconocía la semana pasada que el futuro del euro es "irreversible" y su disolución supondría el fin de décadas de esfuerzo para que Europa mantenga su estatus en un mundo lleno de países emergentes.