El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha rechazado hoy tener constancia de que el Ejecutivo central tenga previsto liquidar el Banco de Valencia y ha asegurado que sería "más costoso" amortizarlo que "garantizar su supervivencia".

Císcar ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde se le ha preguntado por la posibilidad de que el Gobierno aproveche la reforma financiera para liquidar entidades con problemas, como es el caso del Banco de Valencia, intervenido por el Banco de España.

"No hay confirmación oficial ni extraoficial de que se vayan a liquidar las entidades bancarias con problemas", ha afirmado para asegurar tener "datos" que le permiten afirmar que los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "están totalmente convencidos de la viabilidad" del banco.

Ha insistido en que no se contempla "ningún otro escenario" y ha garantizado que el Gobierno valenciano seguirá apoyando a las entidades financieras autonómicas para que "continúen" y así tener un sector financiero propio.

Interpelado sobre cuáles son los datos que le permiten garantizar la viabilidad de la entidad, se ha limitado a señalar que son datos que el Banco de España ha trasladado a la Conselleria de Economía, y ha rechazado dar "cifras concretas".

Por otra parte, Císcar ha asegurado que desde la Generalitat están "en permanente contacto" con el Ministerio de Industria para evitar que se aplique a la industria azulejera un impuesto que gravaría el consumo de gas natural en España, y si esto no es posible, intentar que tenga un "impacto mínimo".

A preguntas de los periodistas, el vicepresidente ha asegurado que el Consell estará "al lado" del tejido industrial valenciano, que según ha destacado ha experimentado una recuperación respecto al mismo periodo del año anterior, con un crecimiento de las exportaciones de más del 10 por ciento.

En su comparecencia, el portavoz del Consell ha manifestado también, ante las interpelaciones de los periodistas, que el Gobierno valenciano está "trabajando" para garantizar que "no se pierda" la obra social de las extintas cajas valencianas Bancaja y CAM.

La denuncia, por parte del comité de empresa de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), de los criterios que van a regir el ERE en el ente público, también ha sido rechazada por Císcar, quien ha defendido que éstos son "enteramente objetivos" y sujetos a "la más estricta legalidad".

En este sentido ha señalado que el hecho de que las personas con excedencia forzosa no se vayan a ver afectadas por el ERE es un criterio de aplicación en otros expedientes.

El vicepresidente ha manifestado su respeto por la decisión del comité de empresa de llevar el ERE ante los tribunales, pero ha insistido en la necesidad de reducir el número de trabajadores del ente público, ya que la alternativa es el "cierre".

Preguntado sobre si la reestructuración del sector público empresarial supondrá la desaparición de Castelló Cultural, ha garantizado que éste está "garantizado", ya que la reordenación de las empresas públicas y fundaciones no va a suponer que desaparezcan los servicios que prestan.

El vicepresidente también ha sido preguntado por las deudas que el Consell tiene con el Arzobispado de Valencia, al que debe parte de las subvenciones que le concede para el mantenimiento de varias casas de acogida para inmigrantes.

Al respecto Císcar ha asegurado que la Generalitat está haciendo un "esfuerzo" para poder hacer frente a la misma cuanto antes.