Ha sido el culebrón político del verano: El desencuentro entre los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Industria, José Manuel Soria, a cuenta de la fórmula tributaria elegida para frenar el denominado déficit de tarifa eléctrico, es decir la diferencia entre lo que teóricamente cuesta producir la energía y el precio al que se comercializa. ¿Quién ha ganado la batalla de este nuevo rifirrafe ministerial, uno más en un Gobierno que parece navegar a la deriva? Opiniones hay para todos los gustos.
Desde que comenzó a gestarse el paquete de medidas impositivas, los dos departamentos han protagonizado un tira y afloja en el que finalmente tuvo que intervenir la vicepresidenta del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. Soria apostaba por un diverso programa de tasas repartidas en función del tipo de generación con especial incidencia sobre las energías renovables, causantes en parte de ese déficit por las primas que reciben. Según se ha sabido este verano, Montoro rechazaba la solución porque podía presentar dudas jurídicas, ya que repercutía de forma distinta por un mismo hecho impositivo. Fuentes del sector apuntaban con malicia posibles intereses ocultos en la posición del titular de Hacienda.
Según publicó Bloomberg en agosto, el ministro de Hacienda fue fundador de Equipo Económico, una consultora que cuenta entre sus clientes con Abengoa, gigante sevillano de energías limpias. Tras regresar a la política en 2008 vendió su participación del 30 % en Equipo Económico, pero su hermano Ricardo aún posee un 15% de las acciones de esta empresa que preside Ricardo Martínez Rico, hermano del jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico, y consejero independiente de la empresa andaluza.
Según esta versión, Montoro habría ganado la batalla al imponer finalmente una tasa tasa general del 6 % (que gravará con 571,7 millones a las eléctricas tradicionales y con 688 a las renovables).
Sin embargo esta no ha sido la única figura impositiva impuesta al sector. Soria ha sacado adelante además un impuesto para la energía nuclear con el que confía en recaudar 269 millones, un canon a la energía hidroeléctrica (304,2 millones) y céntimos verdes para el gas.
En total, el Ejecutivo espera recaudar 2.700 millones al año y terminar con el déficit de tarifa. Soria insistió en la rueda de prensa que esta reforma no tendrá repercusiones sobre el consumidor.
¿Así de fácil? No está tan claro. A tenor de lo que ya están avanzado algunas eléctricas y las denuncias de sectores industriales como el azulejero de Castelló y la Asociación Española del Gas (Sedigas), de la pugna entre Soria y Montoro lo que está claro es que lo que ganará tamaño será el recibo de la luz. Las eléctricas tradicionales pueden trasladar la tasa general a las subastas de energía que periódicamente se celebran para repartir la electricidad entre las comercializadoras. De estas subastas sale en gran parte el precio que pagan aquellas industrias y consumidores que no se han acogido a la denominada Tarifa de Último Recurso. La TUR es una tarifa regulada por el Gobierno que se instauró en paralelo a la liberalización del sector. El carácter de servicio público básico obligaba a ello.
Millones de usuarios, aunque no lo sepan, pagan su recibo de la luz en función de la TUR. Y Soria ha incluido en su proyecto de reforma energética futuros cambios regulatorios para reducir a la mitad (de 10 kw a 5 kw) la potencia contratada para tener derecho a esta tarifa
La mayoría de hogares en España contratan dos tipos de potencia: La más reducida es la de 3,3 kw, que suele elevarse a 5,75 kw en la siguiente oferta de las comercializadores. Pruebe a encender a la vez en casa una vitrocerámica, el horno y un aparato de aire acondicionado. Si tiene contratados 3,3 kw es muy probable que le salten los plomos.
El círculo cuadra
Así que el círculo comienza a cuadrar. El Gobierno impone subidas fiscales a las eléctricas, quienes a su vez buscan la manera de cargar el nuevo coste sobre la factura de sus clientes al tiempo que el Ejecutivo se compromete a restringir al acceso a la tarifa regulada que garantiza precios asequibles. Hay que recordar que en España las grandes compañías eléctricas cotizan en bolsa y se deben a sus accionistas, a los que deben presentar periódicamente resultados. Si el Estado espera recaudar realmente 2.700 millones de euros, ¿van a renunciar las eléctricas a ese beneficio cuando en conjunto las grandes compañías sumaron el año pasado algo más de 3.000 millones de euros de resultado neto?
Otro factor perturba la supuesta libre competencia y libertad del consumidor a la hora de elegir entre suministrador. La liberalización del mercado eléctrico en España ha derivado realmente en un oligopolio en el que las compañías se reparten en la práctica la tarta del pastel por territorios. Por ejemplo, Iberdrola controla el 90 % del mercado en la Comunitat Valenciana.
