El Banco de Valencia ha iniciado su proceso de reestructuración interna cumplir con las exigencias del Memorando de Entendimiento (MOU) suscrito el pasado mes de julio entre España y el Eurogrupo y que condiciona las ayudas para capitalizar la banca española con problemas. El plan de reorganización y redimensionamiento contempla el cierre de unas 70 oficinas y la rescisión de contratos de hasta 485 empleados, según comunicó ayer la entidad valenciana intervenida por el estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El proceso de adelgazamiento de la plantilla permitirá a los empleados acogerse a distintas alternativas que van desde el despido indemnizado, la recolocación y hasta las prejubilaciones, según publicó este verano Levante-EMV.

Los sindicatos UGT y CCOO consideran necesario "reestructurar" Banco de Valencia para hacerlo "viable" y aseguraron que trabajarán para que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) implique prejubilaciones y bajas voluntarias y no despidos "a dedo".

El proceso de reestructuración está previsto que termine antes de abril de 2013. Cuando finalice, el Banco de Valencia contará con 350 oficinas y unas 1.600 personas en nómina. El banco centrará su actividad en "la línea de negocio tradicional de clientes, tanto particulares como pequeñas y medianas empresas", según el comunicado emitido ayer por la entidad nacionalizada.

El Banco de Valencia está pendiente de ser subastado. Hasta ahora, el FROB ha sido incapaz de encontrar un aspirante que quiera adjudicárselo. Todo indica que el FROB esperará ahora a sanearlo tanto en estructuras como en capital antes de ponerlo a la venta. Los administradores designados por el FROB estiman que traspasarán al "banco malo" todavía sin crear entre 5.300 y 5.700 millones de euros en activos inmobiliarios tóxicos. Estos incluyen suelo, ya dotado al 80 % sobre su valor en libros, promociones inmobiliarias en curso y viviendas terminadas. Teóricamente una vez limpiados los balances el banco se acogerá a las ayudas de la UE para fortalecer su capital. Algunas fuentes cifra en 2.000 millones de euros la necesidades, aunque, como todas las entidades el importe lo marcará el informe encargado a la consultora Oliver Wyman.