El Gobierno ha aprobado el Plan Nacional de Reformas que acompaña al anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y que liberaliza aún más sectores como la energía o las telecomunicaciones y crea una nueva figura de autoridad para controlar los presupuestos públicos de todas las administraciones. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, anunció que se trata de un plan de reformas para el próximo semestre que persigue generar empleo y riqueza.
Otra de las reformas que acometerá el Ejecutivo será la aprobación del plan de Emprendedores entre enero y marzo de 2013, que facilitará nuevas licencias para abrir un negocio y disminuirá las trabas administrativas tanto para iniciarlo como para cerrar un establecimiento.
Se crea la figura del Empresario de Responsabilidad Limitada, se mejoran los tratamientos concursales para autónomos y pymes, y se contemplan alternativas de financiación diferentes a las bancarias. En este sentido, el Ejecutivo creará un mercado líquido de pagarés para las pymes y fomentará que acudan al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para financiarse.
En materia de empleo, el documento que ha elaborado el Gobierno propone reformas para la jubilación anticipada y la parcial, que serán presentadas en la comisión del Pacto de Toledo antes de que termine el año. El objetivo, explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos, es acercar la edad de jubilación efectiva a la legal y analizar el factor de sostenibilidad para adecuar las pensiones a la esperanza de vida.
Asimismo, antes de diciembre el Ejecutivo aprobará una estrategia de empleo juvenil y un nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, así como un plan que incentive la cooperación público-privada en los servicios de empleo.
Por otra parte, el Programa Nacional de Reformas incluye la creación de una Agencia Estatal de Investigación y la creación de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que agrupará las funciones de los ocho reguladores actuales y permitirá ahorrar alrededor de 28 millones de euros gracias a la reducción del número de altos directivos y a los menores gastos en gestión.
Desacuerdos en convenios
El desarrollo de la reforma laboral incluirá la creación de una comisión tripartita, formada por empresarios, sindicatos y Gobierno para resolver los desacuerdos en la aplicación de los convenios colectivos. La denominada Comisión Consultiva Nacional Convenios Colectivos esta servirá como "último recurso" para resolver los conflictos. Según la vicepresidenta, con el nuevo organismo se "acabará la vía muerta en los convenios".
