El dictamen de la Comisión Europea (CE) sobre el incumplimiento de España del Tratado de la UE en relación con el régimen que organiza la contratación de estibadores en los puertos de interés general, entre los que se encuentran los de Barcelona, Algeciras, Valencia y Bilbao, no ha gustado al sindicato mayoritario en la actividad de la estiba, Coordinadora de Trabajadores del Mar, representativa del 80 % del personal. Las autoridades españolas -Ministerio de Fomento- disponen de un plazo de dos meses para modificar esta norma. En caso contrario, el Ejecutivo comunitario puede llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
Fuentes de esta central sindical aseguraron ayer a Levante-EMV que la decisión de Bruselas, en busca de una nueva Directiva sobre liberalización de todos los servicios portuarios, "no fomentará el empleo, regala el control de las terminales a las grandes navieras y compañías marítimas y tampoco contribuye a generar más riqueza ni estabilidad laboral". Coordinadora, que muestra un profundo rechazo y se ha puesto en contacto con Fomento (Puertos del Estado) para negociar el futuro del sector, no descarta realizar movilizaciones y paros en los puertos españoles, que podrían extenderse a otros recintos europeos si se impone el ultimátum que ha lanzado el comisario de Transportes, Slim Kallas. Según Coordinadora los cambios legislativos introducidos en Grecia "han sido un fracaso" y han hecho "caer en declive" a grandes navieras que operan en sus puertos. La Autoridad Portuaria de Valencia asegura que el "establecimiento del nuevo régimen" no es de su competencia y Puertos del Estado ha declinado valorar este nuevo dictamen.
