El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo dependiente del Ministerio de Empleo encargado del pago de las nóminas de trabajadores de empresas insolventes, ha terminado el mes de octubre con un total de 15.443 expedientes que afectan a casi nueve mil empresas y más de 25.000 empleados de la Comunitat valenciana. El alarmante crecimiento del número de sociedades que no pueden hacer frente a los salarios de sus plantillas —al encontrarse en situación concursal o bien en fase de liquidación— eleva hasta más de10.000 la cifra de expedientes que este organismo estatal tiene bloqueados en Valencia, según reconocen los propios funcionarios del Fogasa.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha ordenado el pago de 154,14 millones de euros en concepto de salarios e indemnizaciones en los diez primeros meses de 2012 en la Comunitat Valenciana, una cantidad que ya supera la aprobada para Madrid y Andalucía y sólo es menor que la de Cataluña. Además, el tejido empresarial valenciano también supera al andaluz y al madrileño en cantidad de empleados cuyas nóminas tampoco pueden soportar sus compañías y ahora quedan en manos del Fogasa.

Colapso en Valencia

La tramitación de una media de 90 expedientes por jornada en la oficina del Fogasa de Valencia «desata una situación insostenible» a esta administración del Gobierno central, sostiene el secretario general del Sindicato Independiente (SI), Fermín Palacios, tras una reciente visita a estas oficinas para realizar unos trámites burocráticos. Las colas de trabajadores, que esperan sus turnos de atención al público durante varias horas, resultan habituales en las citadas dependencias. Según Palacios, el personal que atiende este servicio, alrededor de una docena de funcionarios, «no puede atender la avalancha de casos como consecuencia de las crecientes insolvencias empresariales por la crisis económica, sobre todo a la vuelta del pasado verano».

Las resoluciones de los expedientes de los empleados «tardan una media de catorce o quince meses», aunque en muchas ocasiones se superan los dos años de tardanza, según cuentan los abogados laboralistas que acuden a diario hasta estas dependencias. El recorte de personal también hace inviable poder corregir esas graves ineficiencias del organismo del ministerio de Empleo y Seguridad Social, según han denunciado recientemente los sindicatos CSI·F, USOCV y Comisiones Obreras. Fuentes del Fogasa aseguran que el retraso en en los pagos de salarios y de indemnizaciones se debe a que está «desbordado» de trabajo, aunque niega problemas de liquidez. En toda España ha ordenado pagos por valor de de 1.240 millones de euros hasta octubre.