La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) echó ayer otro jarro de agua fría sobre cualquier tentación de optimismo: la economía de la Comunitat Valenciana se contraerá este año cerca de un 2 %, en concreto un 1,9 %, que estará por encima del 1,6 % en que caerá el PIB español, según los cálculos de la organización, presentados ayer ante su junta directiva, y que son ligeramente peores que el 1,5 % previsto por el Gobierno.
La patronal provincial, en un comunicado, explicó que "la mayor tasa de paro y las mayores dificultades de liquidez y financiación, tanto del sector público como privado, acentúan" esa contracción de la economía valenciana superior a la española. Además, las previsiones para 2013 apuntan a "una paulatina y tardía ralentización de la trayectoria negativa de crecimiento de la economía regional que se situará en el -1,4% del PIB [-1,2 % en España] con tasas negativas en todos los sectores, destacando el de la construcción, la industria y los servicios destinados al mercado. Además de la mejor evolución del sector químico, agroalimentario, y en menor medida caucho y plástico, se prevén ligeras tasas positivas en los subsectores de transporte y comunicaciones".
Durante la reunión del comité ejecutivo y de la junta directiva, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, recibió el apoyo de los empresarios por el voto en contra de la ampliación del Palacio de Congresos emitido en la última reunión del patronato de esta entidad. La CEV ya había acordado hace un tiempo oponerse a un proyecto que considera impropio de estos tiempos de austeridad pública.
Energía
Por otro lado, la CEV alertó de que la nueva fiscalidad energética supondrá un incremento de la factura eléctrica, con la consiguiente pérdida de competitividad de las empresas. Concretamente, criticó que están en trámite dos proyectos normativos que elevarán todavía más el coste de la electricidad, uno de ellos un nuevo impuesto medioambiental que la Generalitat incluirá en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2013. El otro proyecto es el de medidas fiscales para la sostenibilidad energética del Gobierno central, que establece un impuesto uniforme del 6 % sobre los ingresos derivados de la generación eléctrica, además de nuevos impuestos nucleares, un canon a la generación hidroeléctrica y la aplicación del céntimo verde al gas natural, carbón, fueloil y gasóleo para la generación de energía eléctrica.
