Las ayudas de la UE llegan tarde para recuperar la actividad de Unión Naval

El vicepresidente y responsable de Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, anunció ayer que Bruselas autoriza el nuevo sistema de incentivos fiscales de España que beneficia al sector naval y que estaba paralizado desde junio de 2011 a causa de una inspección de la UE. La suspensión de este programa de rebajas tributarias -conocido como tax lease- provocó la cancelación de cientos de pedidos de los armadores a los astilleros españoles, pues no podían aprovecharse de las rebajas en los precios de los pedidos. En el caso de Unión Naval Valenciana causó el anunciado desmantelamiento de la industria de construcción de barcos en los muelles del Grao, cuyas instalaciones se dedicarán a tareas de reparación y mantenimiento de barcos a partir de 2013.

El grupo Boluda, propietario de Unión Naval Valencia, ha llevado a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla la rescisión de 81 contratos de trabajo hasta final de l ejercicio, mientras que la industria auxiliar también está recortando empleo. El astillero valenciano ya ha entregado dos de los cuatro remolcadores que mantiene en su cartera de trabajo. La otras dos embarcaciones, encargadas por la Autoridad Portuaria de Amberes, se entregarán a final de este año, con lo que concluirá su fase de construcción de buques. UNV no prevé nuevos pedidos.

La paralización de las subvenciones fiscales frenó de lleno los encargos en la veintena de astilleros que operan en España. Con todo, la firma asturiana Armón ha logrado 15 embarcaciones en sus instalaciones durante el primer semestre del ejercicio 2012, frente a las dos su centro ubicado en Vigo. Además, los astilleros vascos A. Zamacona (de Vizcaya) y Balenciana (Guipúzcoa) han logrado otros dos hasta junio. El resto no ha objetivo ningún contrato entre enero y junio de este año.

El Ejecutivo comunitario explicó que la decisión de ayer de autorizar el nuevo sistema español no paraliza la investigación en marcha sobre si el anterior régimen incluía ayudas públicas ilegales. Estas subvenciones superaron los 2.000 millones de euros y beneficiaron a gran parte de los astilleros españoles.