Dos empresarios denuncian ante el Poder Judicial a un juez mercantil de Valencia por "retrasar" un concurso

Dos empresarios de Valencia -Víctor Cortés y José Manuel Ortiz- han presentado una queja ante la unidad de atención ciudadana del Consejo General del Poder Judicial contra el titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, Salvador Vilata, por los retrasos que acumuló su concurso y por su supuesta connivencia con uno de los administradores concursales. Los afectados indican que por las demoras no han podido sacar adelante un concurso de 60 millones. A su vez, el magistrado ha señalado una vista contra los denunciantes por "concurso culpable" a instancias de la Fiscalía y de la administración concursal, según el TSJ.

Los dos denunciantes eran propietarios de la inmobiliaria Urbe de la Uchera S. A. La empresa llegó a tener 285 empleadas y se dedicaba a la promoción, construcción y venta de viviendas. A finales de 2007 presentaron un concurso voluntario tras tener problemas de liquidez por el recorte del crédito en el comienzo de la crisis inmobiliaria. Según recoge la queja, el concurso fue admitido a trámite el 10 de enero de 2008, los administradores concursales aceptaron el cargo el 25 de enero y el informe preliminar fue entregado once meses después. Según los afectados, el informe preliminar tenía que haber estado listo en noventa días como máximo. La queja lamenta que el "juez, pese a los múltiples escritos presentados, nunca apremió a la administración concursal".

Los denunciantes indican en la queja que está en manos del Poder Judicial que uno de los administradores concursales "nombrado por el acreedor Dunas S.L. fue impuesto por el magistrado dada su especial amistad. Prueba de ello es que el citado administrador concursal juró su cargo como nuevo letrado en el Colegio de Abogados de Valencia el dos de diciembre con el magistrado Salvador Vilata como padrino". Cada administrador concursal, siempre según los afectados, cobró 180.000 euros por los servicios.

Los dos empresarios sostienen en la queja que "el retraso de la administración concursal fue el desencadenante de las ejecuciones hipotecarias y de que la mercantil Urbe de la Uchera pasara a formar parte de las empresas en liquidación". Además, apuntan que la firma no se pudo salvar "pese a las advertencias dadas al magistrado a través de múltiples escritos para apartar a los administradores".

El TSJ apuntó que el magistrado no tiene constancia de la queja, aunque el Poder Judicial ya está estudiando el asunto, según constató Levante-EMV.