Antonio Tirado dimitió ayer como presidente de la Fundación Caja Castelló en una reunión del patronato de la misma en la que también se eligió como nuevo máximo dirigente al actual presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner. Las fuentes consultadas aseguran que la elección de Moliner tiene un claro signo político en el sentido de que su cargo institucional da más fuerza a la fundación para lograr los objetivos pactados con la Fundación Bancaja, es decir, que se mantenga su independencia y que obtenga para su supervivencia futura 20 de los cerca de 100 millones que le quedan en tesorería a Bancaja, que ayer se disolvió como entidad financiera en función de la nueva ley de reestructuración del sector, que adelantó en un mes el plazo máximo para la conversión en fundación de las cajas que perdieron su negocio financiero. Por este motivo, Bancaja no pudo celebrar una asamblea para aprobar los nuevos estatutos de la fundación y para ratificar acuerdos como el que afecta a Castelló. Dado que en el seno del PP hay discrepancias y un sector aboga por que no se divida la antigua obra social de la caja, los responsables de la fundación castellonense han optado por Moliner para tener más peso a la hora de hacer valer sus intereses.
Mientras tanto, socialistas y populares ya han iniciado los contactos para pactar la composición del patronato que regirá la fundación de carácter especial en que hoy se ha convertido de forma automática Bancaja. La Generalitat pretende que uno o dos vocales nombrados por el PSPV formen parte de la gestora que dirigirá la actual fundación hasta que se aprueben los nuevos estatutos y se designe al patronato. Fuentes del PSPV aseguraron ayer a este diario que los socialistas ya han hecho llegar a sus interlocutores del PP los requisitos que este partido considera indispensables. Entre ellos se encuentra que el proceso se desarrolle con transparencia absoluta, que los futuros miembros del patronato no perciban ninguna remuneración, que esté garantizada en ese órgano la pluralidad de la sociedad civil y la proporcionalidad actual en el parlamento valenciano, que se impulse un plan estratégico consensuado y que la actuación de la fundación se base en su carácter social. Además, exigirán la búsqueda de soluciones para los afectados por las cuotas participativas en el caso de la CAM.
