El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha comenzado a estudiar el expediente sancionador que el Banco de España ha abierto contra los antiguos responsables del Banco de Valencia, entre los que se encuentra su expresidente y también de Bancaja, José Luis Olivas, por supuestas irregularidades durante su gestión, según informaron fuentes jurídicas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 recibió en junio pasado una denuncia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, en la que se imputaba a la cúpula de la entidad valenciana los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida. Tras recibir el expediente sancionador del Banco de España, el juez ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción. Las fuentes consultadas aseguran que el citado informe sancionador servirá de base para que, tal como informó Levante-EMV, el FROB amplie la denuncia del pasado junio por unas cinco operaciones donde ha detectado irregularidades. Estas fuentes explicaron que la remisión del expediente al juez implica que el Banco de España ha detectado indicios de delito en la actuación de los responsables de la entidad valenciana y que ello implica que se para la vía administrativa al entrar en la penal.

No obstante, para que el juez Pedraz llame a declarar como imputados a los antiguos responsables de la entidad la Audiencia de Valencia debe confirmar el auto de inhibición en favor de la Audiencia Nacional que dictó el Juzgado de Instrucción número 3, que fue recurrido por las defensas de los denunciados. Este juzgado abrió unas diligencias tras recibir una querella presentada por la asociación de pequeños accionistas del Banco de Valencia Apabankval contra 27 responsables de la entidad, entre ellos Olivas, el exconsejero delegado Domingo Parra y los restantes miembros del consejo de administración. Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que la ampliación de la denuncia del FROB es posible que no vaya contra el órgano de gobierno del banco, dado que la acusación contra ellos ya va contenida en la querella presentada por Apabankval. En la misma línea, tampoco incluiría algunas operaciones ya contenidas en esa denuncia de la asociación de pequeños accionistas, entre las cuales destaca la participación del banco y de sus principales responsables ejecutivos en Polaris World o Lugovi, entre otras. Es por ello que, entre las actuaciones que se citan como más que probables que figuren en la ampliación de denuncia del FROB se encuentre la operación urbanística gestionada en torno a la parcela de nueve millones de metros cuadrados bautizada como la Reva. Las investigaciones de la entidad apuntan a los grandes nombres con intereses en la misma: la familia Gallego -propietarios de Llanera- Juan Bautista Soler, Salvador Vila, Javier Soler y José Soler Crespo. También estarían presentes el empresario inmobiliario Fernando Polanco y el notario Carlos Pascual (Faverch Internacional). La operación comprendió un total de 223 fincas rústicas y contó con la participación de Lehman Brothers. Llanera suscribió con la entidad de capital estadounidense una provisión de fondos para la compra de los citados terrenos por más de 163 millones de euros.

En su denuncia inicial, el FROB incluyó la comisión de supuestos delitos relacionados con otras operaciones, entre ellas Aguas de Valencia o Costa Bellver. El organismo solicitó una investigación independiente que culminó en un informe pericial en el que se señalaba que los administradores del Banco de Valencia habrían cometido actuaciones supuestamente irregulares. La Fiscalía Anticorrupción informó en junio pasado a favor de que la Audiencia Nacional asumiera la competencia para investigar la denuncia del FROB, al considerar que los hechos descritos tienen una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional".