Bruselas ratifica la ilegalidad del plan de concesiones de autobús del Consell

La Comisión Europea ha ratificado la ilegalidad del plan de modernización de las concesiones de transporte público de viajeros por carretera que la Generalitat trató de impulsar en el año 2010 y que fue anulado en noviembre del año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. A raíz de una denuncia del grupo Globalia, Bruselas ha abierto un expediente a España por considerar que sus normativas nacionales y, en algunos casos regionales, imponen barreras de entrada a nuevos operadores en beneficio de los concesionarios salientes, según adelantó ayer Expansión.

En el caso valenciano, la Conselleria de Infraestructuras aprobó en 2010 un plan que permitía a los operadores de líneas de transporte de pasajeros prorrogar sus concesiones hasta 2023, pese a que el reglamento europeo sobre servicios públicos de transporte por ferrocarril y carreteras establece una duración máxima de diez años para las líneas de autobús y la posibilidad extraordinaria de prorrogar la concesión como máximo la mitad del período original.

El plan del Consell motivó una denuncia de la Comisión Nacional de la Competencia ante la sala del contencioso-administrativos del TSJ, que en noviembre de 2012 anuló el plan de modernización de la Generalitat. Ahora la Comisión Europea ha ratificado la ilegalidad de prorrogar en exceso las concesiones. Las autonomías afectadas por el expediente de Bruselas son, además de Valencia, Cataluña, Madrid, Canarias, Murcia, Galicia, La Rioja y Castilla y León. La Comisión también cuestiona que en algunos territorios los operadores actuales tengan derecho de preferencia en las nuevas licitaciones en caso de empate entre las distintas ofertas.

Tanto la preferencia como las prórrogas excesivas benefician a los grupos de transporte de viajeros por carretera con mayor cuota de mercado y experiencia.

Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras manifestaron ayer que tras la anulación del plan de modernización en noviembre de 2012 las concesiones se ajustaron a la legalidad. El departamento de Isabel Bonig tiene otorgadas 85 concesiones. Todas ellas caducan entre 2014 y 2015, según fuentes de la conselleria, que manifestaron que entonces se verá si se renuevan o se licitan nuevos pliegos.

La sentencia del TSJ y el expediente abierto por Bruselas derivarán en una mayor competencia entre los distintos operadores y la posible aparición de nuevos aspirantes. Tras las denuncias del grupo Globalia de Juan José Hidalgo está la intención de acceder a un mercado en el que ahora apenas tiene presencia pese a que, paradójicamente, fue el origen de su negocio (empezó llevando emigrantes españoles al centro de Europa en autobuses).

De momento Globalia ha logrado paralizar concursos convocados por el Ministerio de Fomento. La nueva Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) elimina el derecho de preferencia de los concesionarios que terminan contrato en caso de empate de ofertas.

Ahora le llega el turno a las autonomías. Castilla y León, por ejemplo, también tiene recogida en su normativa la preferencia para los servicios regulares.

Cataluña, La Rioja y Galicia vulneran la norma europea de limitar las concesiones a diez años y han aprobado prórrogas excesivas. El Gobierno catalán aprobó en 2003 concesiones de servicio público a 25 años, lo mismo de el Ejecutivo riojano. En el caso gallego, en 2009 la Xunta prorrogó concesiones hasta 2027, cuando el límite estaba en 2019.

Los cambios exigidos por Bruselas van a generar efervescencia en el sector del transporte por carretera, que deberá pelear por cada concesión más de lo que lo hacía hasta ahora.