Procesan a la cúpula de Afinsa por causar un perjuicio de 1.928 millones
La estafa afectó a 85.000 personas en la Comunitat Valenciana que invirtieron sus ahorros en sellos
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado, 7 años después a su intervención, a 14 altos cargos de Afinsa por desarrollar una operativa piramidal de negocio conscientes de que era "ruinoso e inviable", que ocultaron mediante artificios contables y con el que ocasionaron un perjuicio de 1.928 millones.
En un auto hecho público ayer, el magistrado imputa a los procesados los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública por mantener un negocio cuya "inconsistencia e inviabilidad está fuera de toda duda" y que afectó a 190.022 personas, 85.000 en la Comunitat Valenciana.
Los imputados son el expresidente Juan Antonio Cano, y los ejecutivos y miembros del consejo de administración Albertino de Figueiredo, Carlos de Figueiredo, Vicente Martín, Emilio Ballester, Francisco Guijarro, Joaquín José Abajo, Ramón Egurbide, Esteban Pérez, Gregory Manning, Ramón Soler, Juan Domingo y Jordi Domingo y al socio auditor de Gestynsa Francisco Blázquez. También considera como partícipes a título lucrativo a María del Mar Fernández, Felisa Montoro, Natalia Paloma Guijarro, Juan Javier Guijarro, Rubén Guijarro y Sonia Guijarro Montoso.
El juez impone a todos ellos una fianza conjunta y solidaria de responsabilidad civil de 1.928 millones de euros, y les da un plazo de 24 horas para abonarla, de lo contrario procederá al embargo de sus bienes. A lo largo de 59 folios, el magistrado relata toda una operativa piramidal de negocio "ruinoso e inviable" y como a costa del déficit patrimonial creciente de Afinsa, el incremento continuado de sus ventas entre 1998 y 2006 permitió mantener el negocio.
"La apariencia empresarial era de una actividad lícita" de contrato de compra de sellos por el particular, depósito de los mismos a cargo de la vendedora -Afinsa- y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador. "Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador, con lo que la única viabilidad del negocio, tal y como se diseñó, consistía en reproducir 'ad infinitum' esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes".
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