La patronal autonómica exige que se separe a los «gobernantes» corruptos

Los empresarios valencianos compartieron ayer la creciente preocupación de los ciudadanos ante el torrente de casos de corrupción que surgen cada día en la vida pública española y valenciana y, muy especialmente, al partido que gobierna en ambos territorios, un PP acorralado en Madrid por el caso Bárcenas y en Valencia por el creciente número de diputados que se encuentran imputados por asuntos de corrupción. En la asamblea anual de la patronal autonómica Cierval, su presidente, José Vicente González, aseguró que todos esos asuntos y la forma en que los están gestionando políticos y gobiernos va en contra de la necesaria confianza en las instituciones que empresarios y ciudadanos precisan en un momento en que parece que «hemos tocado fondo» en la crisis. «La inestabilidad nunca es buena», añadió.

Por ello, ante la aparición, «de una forma permanente, de conductas poco ejemplares entre los responsables de gobiernos nacionales, autonómicos y locales», el presidente de Cierval reclamó un pacto de Estado para tomar «las medidas que fueran necesarias para separar a los gobernantes que no se han comportado con la ética necesaria». «Hay que separa el trigo de la paja» y «esto tiene que ser percibido así por los ciudadanos», porque «sin confianza es muy difícil hacer cualquier cosa», afirmó antes de concluir con que «hay que terminar» con la dinámica actual de que «la atención de los ciudadanos esté en los tribunales» y no en «el debate parlamentario que debiera tener su centro en el Congreso».

José Vicente González, por otro lado, se mostró muy crítico con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien recientemente afirmó que la Comunitat Valenciana tiene una financiación normal. El líder empresarial recordó que la «infrafinanciación» de la autonomía supera los mil millones anuales, a razón de 211 euros menos al año por cada uno de sus 5 millones de habitantes respecto a la media, mientras que los aragones, con una renta per cápita muy superior, reciben 500 euros al año por encima de la media. En su opinión, es imprescindible que la financiación valenciana sea, como mínimo, igual que la media y que «se produzca una quita total o parcial de aquella financiación que no se ha recibido en los últimos diez años y que se debería haber recibido, lo que nos lleva a una cifra de 11.000 millones».

Asimismo, exigió que el Gobierno permita a la Generalitat endeudarse este año por encima de lo inicialmente autorizado con el propósito «de aliviar los retrasos en los pagos a multitud de colectivos» y enviar una «señal de tranquilidad a los mercados». A este respecto, expresó su confianza en que la mesa abierta este año con el Consell para resolver los impagos a las organizaciones empresariales «retome su velocidad de crucero, atenuada en las últimas semanas», para establecer un calendario de pagos tras el verano. Pese a todo y a calificar de «insuficientemente» dotada la estrategia de política industrial de la Generalitat., González expresó públicamente que las relaciones de la patronal con el Consell son «excelentes» y mostró su esperanza en cerrar un nuevo Pavace antes de final de año. Por último, el presidente de Cierval criticó con dureza la nueva ley de cámaras y volvió a reclamar a la banca, sobre todo la que recibió ayudas públicas, que apoye financieramente a las empresas. En este sentido, vino a poner en duda la afirmación de los bancos de que no prestan más porque no hay demanda solvente: «A lo mejor es que algunas empresas se convierten en demanda no solvente porque no pueden ejercer su actividad normalmente por falta de financiación». Y, sin ella, González ve difícil salir de la crisis.