Los gobiernos de España y Francia tienen este septiembre un examen sobre las pensiones. Ambos están emplazados por la Comisión Europea a reformar sus sistemas públicos, de modo que se refuerce su viabilidad futura y el saneamiento de las cuentas de ambos estados. Es el precio por el tiempo extra (dos años más) que la autoridad comunitaria ha concedido a los ejecutivos del conservador Mariano Rajoy y del socialista François Hollande para reducir el déficit y cumplir el código de austeridad que impera en la Europa de Merkel. Ese precio supone revisar a la baja "la generosidad" de las pensiones, cuyo futuro está gravísimamente comprometido, argumenta la corriente dominante del pensamiento económico, por el temporal demográfico que viene: la combinación de una drástica reducción del número de jóvenes, un aumento explosivo de las jubilaciones al alcanzar el retiro las generaciones del "baby boom" y el avance de la esperanza de vida.

Hollande, bajo apercibimiento sindical de movilizaciones y la popularidad bajo mínimos, no quiere cruzar la "línea roja" de la edad de jubilación, ahora de 62 años, aunque baja a 60 para quienes tienen carreras laborales muy largas y sube a 67 si se quiere cobrar el 100% cuando no se alcanza un número mínimo de años cotizados.

El presidente galo ha trazado un camino distinto al de España: plantea asegurar las pensiones con aumentos de las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Los riesgos del sistema caerían así sobre quienes contribuyen principalmente a su sostenimiento en un país que, por otro lado, ya aplica un "factor de sostenibilidad" que pone el cálculo de las pensiones en relación con la esperanza de vida.

Pero el factor francés tiene impactos menos severos que los que se atribuyen al diseño realizado para España por un grupo de expertos: reducciones significativas de las nuevas pensiones cuando la esperanza de vida aumente. Esta reforma, que Rajoy, también desgastado, quiere aplazar a 2019, descarga los riesgos del sistema sobre las prestaciones y, por lo tanto, sobre los pensionistas. La diferencia de enfoques entre Francia y España tiene enjundia económica e ideológica. Bruselas y el FMI probablemente ya estén mirando con recelo la receta francesa y el calendario español.