El titular del juzgado de Instrucción número 14 de Valencia investiga si el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, ha percibido una doble retribución cuando legalmente es incompatible. Las pesquisas forman parte de la investigación abierta por el juzgado contra Rafael Aznar, otros dos directivos de la Autoridad Portuaria y un trabajador del puerto. Los tres directivos y el trabajador fueron denunciados por la Fiscalía en julio tras recibir en enero una denuncia anónima con supuestas irregularidades de las que ha informado Levante-EMV en los últimos meses. Las presuntas irregularidades están cifradas entre treinta y cuarenta millones de euros. Los denunciados están siendo investigados por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.
El magistrado va a examinar los gastos de la Autoridad Portuaria en una palco VIP en Les Arts, un yate y otros pagos suntuarios como donaciones a fallas. La Fiscalía Anticorrupción abrió la investigación en enero al entender que los hechos denunciados por una persona anónima podrían ser constitutivos de delito.
Aznar cobra 104.657 euros como responsable de la Autoridad Portuaria de Valencia. Fuentes cercanas al caso explicaron que el presidente podría haber estado cobrando su sueldo como responsable del puerto y otra remuneración como presidente deVPI logística, una sociedad que gestiona la paralizada Zona de Actividades Logísticas del Puerto (ZAL). Un recinto que fue urbanizado hace una década, aunque carece de actividad porque no se ha vendido ninguna parcela por la crisis económica. Además, el pasado mes de julio una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ratificó la nulidad de las expropiaciones en la ZAL.
El juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ya ha recibido la personación de las cuatro personas de la Autoridad Portuaria contras las que se dirige la denuncia. Fuentes de la Ciudad de la Justicia precisaron que el magistrado todavía no ha imputado a nadie. El juez ha acordado oficiar a la Hacienda Pública para que facilite toda la información disponible sobre los denunciados (titularidad de las cuentas, valores mobiliarios, muebles e inmuebles). Además, el magistrado ha oficiado a la Intervención General del Estado para que designe a dos peritos con el fin de que analicen las cuentas de la Fundación Port y ha pedido a la Autoridad Portuaria distinta documentación. El juez también ha citado a un responsable de la Intervención General del Estado para que le informe sobre las investigación pericial. La Autoridad Portuaria todavía no ha recibido formalmente la petición de documentación.
