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El presidente de Coepa, Moisés Jiménez, rechazó ayer de plano la petición de Cepyme de convocar un concurso voluntario de acreedores ante la situación económica de la patronal y obtuvo el 84% de los votos de la asamblea general a favor de su gestión, materializada en las cuentas de 2012, que se cerraron con unas pérdidas de 2,1 millones de euros, y del presupuesto para 2013, que prevé unas pérdidas de 253.000 euros. Ante esta situación, que reproduce con creces el resultado de la junta directiva de la patronal alicantina celebrada el pasado lunes, el presidente de las pymes alicantinas, Cristóbal Navarro, se reafirmó al término de la asamblea, celebrada en IFA, en su propósito de acudir a los tribunales por lo que considera un falseamiento de los números y adelantó, en declaraciones a este periódico, que probablemente pida la intervención judicial de Coepa mientras se sustancia el pleito.

Jiménez contó ayer con el respaldo, al menos presencial, de los presidentes de las organizaciones empresariales de la Comunidad: el de la autonómica Cierval, José Vicente González, el de la Confederación Empresarial de Valencia (CEV), Salvador Navarro, y su homólogo en la de Castellón (CEC), José Roca. Este hecho fue calificado de inusual por algunos de los asistentes, que consideraron que el presidente alicantino había buscado parapetarse tras aquéllos, mientras que desde la patronal aseguraron que "ha coincidido" que los tres estuvieran ayer en la provincia y pudieran asistir a la reunión.

En su discurso a la asamblea, Jiménez tachó de "implanteable" el concurso de acreedores que reclama Cepyme, y justificó su postura en que "esta acción imposibilitaría el cobro de los convenios que ya están acabados", cuyo importe cifró en 1.700.000?, y "además pondríamos en apuros y dificultades a nuestros socios de Cierval, Cec y Cev", allí presentes.

El dirigente de la patronal alicantina destacó que en los dieciocho meses que lleva en el cargo se ha enfrentado a un "contexto económico-social extremadamente difícil" y que "era necesario hacer frente a la situación y trabajar para solucionarla", y en este sentido reseñó algunas de las medidas adoptadas, como "la gran reestructuración de los recursos humanos, la reducción del número de oficinas operativas a dos, la de Alicante y la de Alcoy, ambas patrimonio sindical, la reducción de los costes financieros y del presupuesto destinado a mantenimiento y suministros, que es el camino para asegurar la continuidad de la institución" sin realizar el concurso de acreedores que solicita Navarro.