El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, aseguró ayer que el Ejecutivo que preside Alberto Fabra -que es quien nombra al presidente del puerto- confía "en la honorabilidad de todas las personas y, por supuesto, también en la del presidente del puerto de Valencia, y aparte, no se plantea hacer nada más porque entre otras cosas no hay ninguna decisión judicial al respecto", agregó. En su opinión, "el Consell no valora algo sobre lo que no tiene información relativa a una investigación de Fiscalía y no le compete tenerla". También hizo hincapié en que el puerto de Valencia "es una entidad autónoma, que toma sus propias decisiones y tiene su propia gestión y no está fiscalizada por la Generalitat". Císcar avaló la gestión de Aznar al comentar que "el puerto de Valencia es líder en trafico de contenedores en todo el Mediterráneo, y en eso algo habrá tenido que ver su presidente y todo el consejo de administración" de la APV.
Respecto a la competencia de la Generalitat para nombrar al presidente de la APV, Císcar comentó que "el puerto de Valencia es tan importante que todas las noticias que puedan surgir alrededor pueden generar cierta preocupación", para después reiterar que carecen de información acerca de esas supuestas irregularidades y que "no hay ningún tipo de decisión judicial al respecto".
Mientras tanto, Puertos del Estado (organismo dependiente del Ministerio de Fomento) asegura que este organismo controla las retribuciones de los directivos del personal y de los directivos de la APV a través de un servicios propio de inspección, al que se suma el de la comisión ejecutiva interministerial de retribuciones, entidad del Ministerio de Economía. Respecto al futuro de Aznar, fuentes de Puertos del Estado consideran que "quien tiene que tomar decisiones en el presidente de la Generalitat".
Durante estos últimos días Aznar ha mantenido conversaciones con el presidente de Puertos del Estado, José Llorca.
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha recortado el sueldo de los trabajadores de su plantilla en 3.975,24 euros anuales desde el ejercicio de 2010 mientras mantuvo los privilegios al personal excluido del convenio colectivo (un centenar de directivos y técnicos repartidos en fundaciones y sociedades participadas), así como los sobresueldos a varios altos cargos, incluido el presidente, Rafael Aznar, una situación que ha sido denunciada por la Fiscalía y que investiga el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia. En la gestión del dispendio de personal de la APV destacan las retribuciones extras que percibían Aznar y otros directivos y fueron considerados incompatibles por la Intervención General de la Administración del Estado.
La plantilla directa de la APV -repartida en cuatro grandes tareas administrativas (comercial y estrategia, servicios portuarios generales y desarrollo sostenible, infraestructuras y áreas económico-financiera)- está formada por 415 personas (tres más que el año anterior), de las que una cuarta parte son directivos (con unos salarios medios de 71.000 euros), técnicos y similares. Mientras tanto, los trabajadores incluidos en el convenio colectivo han visto reducido un 5 % todos los conceptos salariales desde 2012. La APV paralizó las aportaciones a planes de pensiones y redujo la aportación a fines sociales (formación, becas) del 1 % al 0,5 % de la masa salarial.
Asesores externos
El organigrama laboral de la APV -que genera un gasto anual de 17,6 millones de euros, según el ejercicio de 2012- es una pequeña parte de los miles de empleo indirectos que genera la actividad de transporte marítimo en el recinto del Grao. De este gasto, el personal incluido en convenio generó 10,5 millones de euros durante el último año, mientras que el resto; es decir un 40 % está repartido entre los directivos de la APV.
A pesar de los recursos humanos y técnicos de los que goza la APV, cada año contrata servicios profesionales independientes; es decir asesores externos que prestan servicios y que ocasionaron desembolsos anuales de unos 5 millones de euros. Aquí se incluyó, entre otros , el encargo a la consultora AT Kearney, por 1,9 millones de euros, del último plan estratégico de la APV (2014-2020), que también ha sido denunciado a la Fiscalía. La Autoridad Portuaria desembolsó ocho veces más que otras sociedades por el citado plan de futuro. El puerto de Algeciras pagó 300.000 euros. La subcontratación de servicios externos por parte de la APV es uno de los asuntos que en los últimos años viene afeando el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, sobre todo en estos tiempos de austeridad.
Los otros empleados del puerto
Las tareas administrativas son una pequeña parte de los miles de trabajadores que a diario prestan servicios en el recinto del Grao. Con todo, la subcontratación de servicios, una cuestión criticada en reiteradas ocasiones por las organizaciones sindicales, se ha mantenido mientras se recortaban los salarios de los empleados.
Además de las empresas contratistas de obra pública, Capitanía Marítima, remolcadores (Grupo Boluda) o amarradores, la comunidad portuaria cuenta con una plantilla de 1.240 estibadores en la sociedad Sevasa-Sagep, así como personal de servicios en las terminales. Además, la navieras, consignatarias, agencias de aduanas y empresas transitarias, entre otras firmas de servicios, cuentan con sus propios trabajadores.
