La APV también participa en las fundaciones Valenciaport y en el Instituto Portuario de Estudios Económicos y Cooperación. La participación en las reservas de estos organismos de la APV se elevaron a 324.546,53 y 117.198 euros, respectivamente. Tras la advertencias del Tribunal del Cuentas, en su últimos informe de fiscalización, la APV optó por recortar su participación en fundaciones, con lo que en 2012 abandonó la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, la Fundación Protección Histórico Industrial de Sagunt, Fundación Desarrollo Cono Sur y Fundación Comunitat Valenciana Medio Ambiente.
La Autoridad Portuaria de Valencia participó hasta ???? en al menos ocho fundaciones controladas también por otras instituciones públicas que representaban un desembolso anual de al menos ?,? millones de euros en sus cuentas de explotación. Estas entidades, tal como ya informó este diario, emplean a medio centenar de trabajadores y en sus órganos de dirección figuran diversos altos cargos de la APV, presidida por Rafael Aznar.
La estrategia del puerto ha sido reducir a tan sólo el Instituto Portuario de Estudios Económicos y Cooperación y Valencia su participación en actividades. De hecho, el Tribunal de Cuenta afeó el gasto en fundaciones durante el último lustro, sobre todo en tiempos de austeridad y porque algunas no estaban relacionadas con la actividad portuaria.
Según las cuentas anuales presentas por la Autoridad Portuaria de Valencia, la entidad que gestiona los recintos de Valencia, Sagunt y Gandia no concedió anticipos o préstamos a los miembros del consejo de administración ni al personal de alta dirección. Tampoco existe obligación alguna en materia de pensiones o seguros de vida con respecto a antiguos o actuales administradores o personal de alta dirección.
El puerto de Valencia logró mantener la cifra de negocio durante 2012 al conseguir una facturación global de 116,3 millones de euros, aunque el beneficio neto cayó hasta 20,5 millones (un 40 % menos que en el ejercicio anterior), según reflejan las cuentas de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El recinto del Grao, que cerró la temporada con una deuda a largo plazo de 629 millones de euros, una de las más altas de las entidades que administra Puertos del Estado (Ministerio de Fomento), recortó notablemente las ganancias tras las aportaciones extraordinarias que ha tenido que realizar para atender el pago del principal más los intereses (17,5 millones de euros) de sentencias firmes que anularon el cobro de tarifas de mercancías cobradas a las navieras.
Si se comparan los resultados con enclaves marítimos de la competencia, el puerto de Barcelona ganó el año pasado 43,2 millones de euros, un 23 % menos que en 2011 por los resultados extraordinarios que se dieron ese ejercicio. Mientras tanto, el de Tarragona, consiguió 11,9 millones de beneficio neto, un 3,1 % menos.
Mientras tanto, VPI Logística, sociedad controlada en un 98,4 % por el puerto, declaró unas pérdidas de 11,1 millones de euros y cuantifica en 13,7 millones el valor del deterioro de este activo. VPI Logística es la sociedad promotora de la zona de actividades logísticas (ZAL), ubicada en terrenos colindantes al recinto del Grao, urbanizada hace una década aunque sin vender una parcela. Sus ingresos proceden de las aportaciones que realiza la APV, que ha desembolsado 50 millones de euros para suscribir la ampliación de capital necesaria para adquirir más suelo, también sin usar, en Parc Sagunt.
Personal
La partida de gastos de personal reflejó una disminución de sueldos y salarios globales (hay 415 empleados en plantilla, incluidos un centenar de directivo y técnicos) hasta los 17,6 millones de euros, lo que supone una disminución de un millón de euros respecto al año anterior. Según las cuentas aportadas por la APV, el recorte de gastos de personal "es consecuencia de la aplicación de medidas derivadas del plan de austeridad establecido por el Gobierno central".
En ese ejercicio, el presidente de la APV, Rafael Aznar, redujo sus retribuciones un 13 % (hasta 104.657 euros, es decir 13.500 euros menos al año), tras detectar la Intervención General de la Administración del Estado el cobro de sobresueldos. Este asunto, junto con posibles anomalías en adjudicaciones y otros gastos suntuarios (palco VIP en el Palau de les Arts y yate), ha sido denunciado por la Fiscalía y está siendo investigado por un juzgado de Instrucción.
El consejo de administración de la APV -formado sobre todo por empresarios y cargos institucionales- redujo a 15 el número de miembros por exigencia del Ministerio de Fomento con vistas a disminuir gastos (antes eran 25 vocales) desde principio de esta década. Sin embargo, el año pasado se repartieron 63.200 euros, lo que representa un 20 % más que en 2011.
