Las empresas españolas que en el año 2011 realizaron despidos colectivos que afectaron a trabajadores de más de 50 años deben al Tesoro Público 966.000 euros, si bien la cifra es provisional a la espera de concluir el análisis de los diferentes expedientes. Así consta en una respuesta del Gobierno a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien hace unos meses preguntó sobre la cuantía de la deuda por los impagos de la prestación por desempleo y prejubilación mediante ERE, tras la aprobación en el año 2011 de una reforma para obligar a las empresas con beneficios que despidieran o prejubilaran a trabajadores mayores a pagar su desempleo y sus cotizaciones.
En el texto, el Ejecutivo recuerda que el desarrollo normativo de dicha previsión legal no se aprobó hasta el 29 de octubre de 2012, por lo que hasta diciembre del año pasado «no se dispuso de la información necesaria para comenzar a tramitar las oportunas liquidaciones y, por ello, hasta 2013 no se ha procedido a iniciar las gestiones de los primeros expedientes».
