El Gobierno quiere acabar con las subidas automáticas vinculadas a la inflación en precios y servicios regulados tales como el transporte, la luz o el teléfono, por lo que se va a eliminar toda referencia al IPC en los contratos públicos desde el 1 de enero de 2014.

Así, según fuentes gubernamentales, ya no habrá subidas por sistema en los servicios y precios públicos, y los incrementos tendrán que estar justificados en los costes por parte del gestor del servicio o la empresa, sin que en este caso tengan un límite determinado.

Con este objetivo el Gobierno aprobará en un próximo consejo de ministros, que podría ser el del 27 de septiembre, el proyecto de Ley de Desindexación, que supondrá la derogación de todas las referencias en las leyes estatales, autonómicas y locales a subidas vinculadas al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Esto afectará a precios públicos como la energía, los puertos, las aguas, tasas, sanciones, contratos público de alquiler, así como al transporte o al teléfono fijo.

Todos estos servicios y precios están algo por debajo del 10 % de la cesta de la compra. Quedan excluidos de la norma pensiones, impuestos, instrumentos financieros (como el bono ligado a la inflación) y la negociación salarial colectiva de los funcionarios, que también se han ido desligando del IPC a través de acuerdos y reformas en marcha, tal y como aconseja Bruselas.

Siempre, según el último borrador que manejan los Ministerios, perfilado al 90 %, se establece además una fórmula para su uso en contratos públicos o entre los agentes privados que lo consideren oportuno para sustituir al IPC.