El Banco de España no percibió ni de lejos el riesgo que corría Bancaja cuando en 2009 suscribió el préstamo de 81 millones que sirvió a la Fundación del Valencia CF (actual propietario del club) para suscribir la ampliación de capital que evitó que cayese en manos de la firma uruguaya Dalport. Un informe de 2010 remitido a la Audiencia Nacional en el marco de la instrucción del caso Bankia señala que los inspectores de la entidad supervisora consideraron suficiente el aval presentado por el Instituto Valenciano de Finanzas a la hora de analizar la solvencia de la operación. El Banco de España, entonces presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, consideró suficiente la garantía.
Sin embargo, todo comenzó a torcerse torció a principios de este año. La Fundación del Valencia, incapaz de generar ingresos, no pudo afrontar el desembolso de los intereses del préstamo y el IVF tuvo que poner encima de la mesa 4,8 millones de euros. Pero además, en marzo, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia anuló el aval de la Generalitat al considerar que iba "en detrimento" de otros socios.
De esta manera, la magistrada que dictó el fallo estimó el recurso interpuesto en marzo de 2010 por dos socios del club contra la decisión del IVF de respaldar a la Fundación en su préstamo con Bancaja. Estos dos socios interpusieron el recurso después de que no pudieran acceder a las acciones excedentes de la primera oferta de la ampliación de capital de la fundación aprobada mediante Junta General extraordinaria el 7 de junio de 2009, como consecuencia del aval concedido por el IVF, lo que permitió que fueran suscritas por la fundación.
Los dos socios alegaban que esta actuación debía de estar sujeta a la normativa europea en materia de ayudas públicas; y criticaba que el objetivo de este aval era conceder a la fundación la adquisición de las acciones "con carácter preferente" al del resto de los accionistas del Valencia CF SAD, que no pudieron obtener dicha garantía. También defendió que el aval se concedió a una entidad que carecía de ingresos y, por tanto, de posibilidades de costear el importe.
La Generalitat se desentiende
Pese a tener una sentencia en contra, la Generalitat ha sido la primera interesada en dar por buen el fallo, que ni siquiera ha recurrido, dada su delicada situación financiera.
Ha sido la propia Bankia la que, alegando indefensión por no haber podido presentarse como parte en el proceso de primera instancia, ha presentado una recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El banco hoy presidido por José Ignacio Goirigolzarri, teme que si se mantiene la anulación del aval tenga que quedarse con las acciones del club de fútbol, algo que no entra en sus planes. Ha solicitado la suspensión cautelar de la primera sentencia, pero el TSJ ha declinado de momento esa petición. De hecho, el fallo que anula el aval está en fase de ejecución y la Generalitat ha dejado de pagar a Bankia. La entidad ha requerido formalmente los desembolsos al Instituto Valenciano de Finanzas.
Pese a que el Banco de España no vio riesgo en el crédito de Bancaja a Valencia CF, sus inspectores si advirtieron formas de gestión cuanto menos temerarias en la etapa de José Luis Olivas al frente de la entidad, según se desprende de los informes remitidos a la Audiencia Nacional en el marco de la instrucción del "caso Bankia". Tras rendir visita exhaustiva a la entidad en 2007 y 2008, los inspectores pusieron de manifiesto que la entidad ignoró todas las recomendaciones del Banco de España y siguió apostando por el sector inmobiliario y promotor que, junto con una muy delicada posición de liquidez, ya había carcomido sus entrañas y que poco después acabaría por llevarla a la desaparición.
