Los inspectores del Banco de España advirtieron en 2008 a los responsables de Bancaja de que tenían en cartera 1.050 millones de euros en préstamos a 55 clientes que presentaban "debilidades". El supervisor optó por poner bajo vigilancia especial y continuada la evolución de esas operaciones, la mayor parte ligada al sector inmobiliario.

Un informe de inspección que ha sido remitido por el propio Banco de España a la Audiencia Nacional en el marco de la instrucción del caso Bankia y al que ha tenido acceso Levante-EMV, pone de relevancia los enormes riesgos asumidos por la entidad durante la etapa de la presidencia de José Luis Olivas, que coincide con la de la burbuja del ladrillo. Eran tiempos de crédito fácil, pero durante los ejercicios de 2007 y 2008 muchas compañías inmobiliarias comenzaban a acumular problemas por el descenso de la actividad que ya asomaba por el horizonte. Los inspectores concluyeron en su análisis de los ejercicios de esos años que la caja recurrió incluso al mecanismo de las refinanciaciones para embellecer sus cuentas y evitarse algunas provisiones. "Con ese tratamiento se pretende temporalmente rebajar su calificación (de los clientes) y minorar las dotaciones a subestándar, incluso aunque sea clara la opinión de que no lo son y deberían ser dudosos", sostiene el Banco de España en el informe de inspección remitido al juez Fernando Andreu.

Se trataba básicamente de practicar lo que popularmente se conoce como "patada hacia adelante". Sólo en diciembre de 2008 (con el estallido de la crisis vendrían más) las refinanciaciones cuestionadas por el Banco de España alcanzaron los 715 millones de euros. Entre las empresas que Bancaja refinanció se encuentran la mayoría de las que entonces eran las principales inmobiliarias de España.

El grupo Martinsa-Fadesa refinanció con la entidad valenciana 294 millones de euros de sus distintas filiales. Muy poco después, en junio de 2008, el gigante construido por Fernando Martín, protagonizó el mayor concurso de acreedores de la historia de España, con un pasivo total de 7.000 millones de euros.

Un caso similar se produjo con otras compañías. Reyal-Urbis refinanció algo más de 87 millones de euros. El pasado mes de marzo la compañía de Rafael Santamaría se declaraba en quiebra.

Colonial fue otra de las inmobiliarias cuya refinanciación fue cuestionada por los inspectores del Banco de España. Logró ganar tiempo para devolver 96,6 millones de euros. Al contrario que las anteriores, esta empresa ha logrado evitar el concurso tras refinanciar de nuevo un pasivo cercano a los 5.000 millones de euros.

No se salvaron de la quiebra Rayet o la catalana Habitat. Pero antes de caer, Bancaja les refinanció 74,4 millones y 80,6 millones respectivamente. La operación permitió a Bancaja no calificar su deuda como dudosa y realizar mayores dotaciones. Su concurso de acreedores se produjo cuatro años después, en 2012, y han logrado superarlo tras aplicar importantes quitas. Por su parte, FBEX terminó en liquidación. De nada sirvió la refinanciación de 16,4 millones de Bancaja. Detinsa, con más de 65 millones refinanciados, superó el concurso año pasado.

Ocultar el deterioro

El informe de inspección del Banco de España ya señalaba en 2008 que en caso de que estos clientes de Bancaja entrasen en mora (como así ocurrió), "el importe de las reclasificaciones sería importante y afectaría negativamente a la caja". Esas operaciones suponían el 25,3 % de la inversión calificada como subestándar y el 26,3 5 de las provisiones. Es decir, que las refinanciaciones sirvieron a las inmobiliarias para ganar tiempo, pero también permitían a la caja no empeorar sus balances. En 2010, Bancaja se fusionaba con Caja Madrid y otras cinco cajas para formar Bankia a instancias de un Banco de España, que trataba a toda costa de tapar los millonarios agujeros. Pero los problemas seguían ahí. En mayo de 2012 Bankia fue intervenida por el Gobierno.

Hasta su hecatombe, Bancaja fue la tercera caja de ahorros de España, pero su funcionamiento interno no se ajustaba precisamente a esa posición en el escalafón. Tras la visita exhaustiva a la entidad en 2007 y 2008, los inspectores pusieron de manifiesto que la entidad presidida por Olivas había ignorado todas las recomendaciones del Banco de España y siguió apostando por el sector inmobiliario y promotor que, junto con una muy delicada posición de liquidez, ya había carcomido sus entrañas y que poco después acabaría por llevarla a la desaparición. Los inspectores lo dejaron muy claro en su documento: "Existe una importante exposición al riesgo crediticio con el sector promotor-inmobiliario (representa el 37,3 % de su inversión crediticia en marzo de 2008) y, aunque se les planteó limitar este tipo de exposición, no se ha seguido tal recomendación". El detonante de esta situación se encuentra en el plan de expansión de la caja que Olivas puso en marcha nada más llegar al cargo en 2004 y que se extendía hasta 2007, con una fuerte penetración en Andalucía, Madrid, Cataluña y otras autonomías donde Bancaja casi no tenía presencia. La inversión crediticia se disparó un 132 %, pero, como afirma el informe, su calidad era "media-baja".