Mientras la Guardia Civil trasladaba ayer a Madrid al exdirector general de la CAM y a otros detenidos en la operación por fraude fiscal con los negocios hoteleros de la caja en el Caribe, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) adscritos a la Fiscalía Anticorrupción comenzaron a tomar declaración en la Comandancia de Alicante a los imputados en la causa.

La Comandancia habilitó a los agentes de la UCO un despacho situado cerca de los calabozos, pero ninguno de los implicados que fue citado a declarar como imputado se quedó detenido tras la comparecencia, a pesar de que alguno fue advertido de esa posibilidad, según fuentes cercanas al caso.

Durante la mañana comparecieron al menos cuatro personas imputadas: un auditor cuya identidad no ha trascendido, el economista Jaime Escrivá, del despacho de Garrigues, dos trabajadoras de Valfensal y el exdirector de Inversiones de la CAM, Francisco Martínez.

Entre las diez y diez y media de la mañana llegaron el auditor imputado acompañado de su abogado y el exdirector de Inversiones, quien también llegó con su letrado. Francisco Martínez fue el primero en salir de la Comandancia sobre las doce y media del mediodía y tanto él como su abogado, Antonio Garrigós, declinaron hacer valoraciones sobre la comparecencia y se limitaron a manifestar que «ha sido una declaración muy sencilla» y que «el sumario está bajo secreto». Martínez ya había comparecido anteriormente en la Audiencia Nacional, una de ellas también como imputado, en sendas causas abiertas por la gestión de la CAM.

A paso rápido y sin querer hacer declaraciones salieron poco después por la puerta principal de la Comandancia el auditor imputado y su abogado. Lo mismo que pasó con las trabajadoras de Valfensal y con el economista de Garrigues, que solo habló para decir que no quería fotografías. Escrivá no ha llegado a ser detenido por la Guardia Civil, sino que fue citado para declarar ayer en la Comandancia, según señalaron fuentes de la defensa del economista. Además tendrá que comparecer hoy en la Audiencia Nacional ante el juez que investiga el caso.

Tanto Escrivá como el auditor y al menos una trabajadora de Valfensal se acogieron ayer a su derecho a no declarar.