La Audiencia Nacional ordenó ayer el registro de un despacho de abogados de Valencia en relación con la investigación que lleva a cabo sobre la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra exdirectivos de la antigua Caja Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Fuentes judiciales indicaron que, además de la intervención en el despacho de abogados de Valencia, ordenada por el titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, también se llevaron a cabo registros en un bufete de abogados de Alicante, donde se habría incautado documentación de un economista, y otro de Madrid, si bien no han especificado de qué despachos se tratan.
En el caso concreto del bufete valenciano, durante el registro, realizado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid, requisaron numerosa documentación supuestamente referida a este caso y procedieron al vaciado del contenido de un ordenador. Estos agentes, que llevaban un exhorto de la Audiencia Nacional, fueron asistidos por una secretaria judicial de Valencia durante el tiempo que duró el registro, que se prolongó desde las nueve y media de la mañana hasta las seis de la tarde, según confirmaron a Levante-EMV fuentes conocedoras del caso.
Por otra parte, fuentes judiciales precisaron que el letrado en cuyo despacho se hizo la intervención no se encuentra imputado en la causa, por lo que se advirtió a través de un representante del colegio de abogados, que el registro y la incautación del material podría constituir una posible vulneración del secreto de las comunicaciones, lo que podría llevar, si fuera así, a una nulidad de las actuaciones. El letrado afectado, al parecer, lleva la representación de uno de los imputados en la causa de la CAM que tramita la Audiencia Nacional.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, señaló ayer que registrar de esta forma el despacho de un abogado, algo que ocurre por primera vez en Valencia, y requisar la documentación que tenga sobre sus clientes «es una vulneración del derecho al secreto profesional y a la confidencialidad entre abogado y cliente».
En su opinión, es especialmente grave porque se trata de una actuación en el despacho de un abogado que ni siquiera está imputado en la causa, sino que ejerce la defensa de uno de los acusados, que de esta forma ve vulnerado su derecho a defensa.
También indicó que los agentes judiciales requisaron de forma indiscriminada documentación y comunicaciones entre abogado y cliente, lo que supone una «vulneración gravísima de un derecho reconocido en la constitución».
Durán destacó además que si un ciudadano no puede mandar documentación a su abogado «salta por los aires el Estado de Derecho» y ha anunciado que el Colegio de Abogados de Valencia se reserva la posibilidad de ejercer acciones judiciales contra el juez de la Audiencia Nacional por considerar que este registro supone un ataque gravísimo a las garantías judiciales que deben preservar la relación entre el abogado y su cliente. De hecho, está previsto que hoy se celebre una junta de gobierno extraordinaria para abordar el tema, realizar una queja formal y, en su caso, iniciar actuaciones judiciales.
Los abogados de Alicante que llevan imputados en las causas de la CAM son Antonio Garrigós, que representa al expresidente Modesto Crespo, y Javier Gerona, defensor de Daniel Gil. EnValencia, la representación de Roberto López Abad, Javier Boix. No obstante, ninguno de estos tres despachos fue objeto de registro.
