La Audiencia Nacional se ha declarado competente para investigar una denuncia de Bankia contra exgestores de Bancaja al sospechar que los «indebidos manejos» de los fondos de esta entidad para financiar proyectos hoteleros en el Caribe pudieron causar a la primera un «quebranto» de más de 330 millones. Esta denuncia, en principio, iría contra todos los miembros de los comités de la entidad financiera que hubieran aprobado las operaciones, con lo afectaría, entre otros, a José Luis Olivas y Aurelio Izquierdo.
Bankia Habitat denunció a finales de 2013 operaciones de financiación al Grupo Grand Coral, ubicado en el Caribe y Baja California (México) y del que formaban parte Bancaja Habitat y Banco de Valencia, entre otras sociedades españolas, ante el juez Javier Gómez Bermúdez, que rechazó el 24 de enero su competencia para investigarla.
Ahora, la sección cuarta de la sala de lo penal del tribunal admite los recursos que interpusieron la sociedad que gestiona los activos inmobiliarios del grupo BFA-Bankia y la Fiscalía contra dicha decisión. Esta operación sería una de las detectadas p0r los nuevos gestores de Bankia, operaciones de las que se negaron a facilitar detalles.
Según relatan los magistrados en el auto, que citan un informe de la auditora Price Waterhouse Coopers (PWC), la financiación total otorgada al grupo de inversión ascendió a 597,24 millones de dólares (alrededor de 430 millones de euros), de los que se han devuelto 134,12 millones de dólares. A consecuencia de ello y «por mor» de los antiguos gestores de Bancaja y su filial inmobiliaria, según la denunciante, «aquella tiene en la actualidad un riesgo vivo» que asciende a 467,17 millones de dólares (unos 338 millones de euros).
Para Gómez Bermúdez, no obstante, ni la cuantía supuestamente defraudada ni el hecho de que en los negocios aparecieran sociedades ubicadas en el extranjero suponen que sea competencia de la Audiencia Nacional, un criterio que descarta su instancia superior. «Los hechos denunciados presentan todas las características de ocasionar una grave repercusión en el tráfico mercantil, en la economía nacional, o causar un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia», le responden en su auto los magistrados.
A ello añaden que los hechos denunciados «han constituido parte presuntamente de una operativa que, en definitiva, ha conllevado el quebranto de Bankia». Y, con ello, «la necesaria obligada intervención de los poderes públicos en orden al saneamiento de las entidades resultantes de la fusión de las cajas de ahorro» que dieron lugar al nuevo grupo, «en aras a la protección de los pequeños ahorradores, siendo precisamente estos ahorros los que habrían permitido, a nivel de presunciones, los indebidos manejos de fondos de Bancaja», destacan.
Por ello, el tribunal considera que los intereses generales se pudieron ver afectados por «haberse utilizado presuntamente el dinero de los ahorradores con fines espurios», partiendo además del «indiscutible estado de desastre económico de la entidad bancaria, porque el Estado ha tenido que desembolsar fondos públicos para hacer frente a tan indeseable situación», concluyen.
La filial de Bankia presentó esta denuncia por delitos de apropiación indebida y administración desleal ante Gómez Bermúdez al entender que podrían tener relación con los hechos en los que mantiene imputados a varios exdirectivos de la CAM por desviar sus beneficios de inversiones hoteleras en el Caribe a través de la sociedad Valfensal, según fuentes jurídicas.
Los empresarios Ferri y Baldó
En la sociedad Grupo Grand Coral aparecen como socios los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, imputados en el caso Valfensal por, supuestamente, haber desviado al paraiso fiscal de Curaçao más de 200 millones procedentes de los hoteles puestos en marcha con el apoyo de la CAM, ocultando a Hacienda 30 millones de beneficios.
Sin embargo, tras el auto de la sala, Gómez Bermúdez ha decidido inhibirse en favor de Santiago Pedraz por considerar que podría guardar relación con la causa en la que investiga a la antigua cúpula del Banco de Valencia. Antes de decidir sobre su admisión o no a trámite, Pedraz ha preguntado a las partes personadas su opinión, según las fuentes consultadas.
