La proposición plantea una regulación de la insolvencia personal y de protección ante el sobreendeudamiento. Así, quienes cumplan ciertos requisitos podrán promover ante un notario de su elección un convenio con sus acreedores que tenga en cuenta sus ingresos, patrimonio, gastos familiares mensuales y créditos.

De este modo, será el notario el que, tras completar la información patrimonial del afectado, determine si existe sobreendeudamiento por causas objetivas sobrevenidas y, en caso de que así sea, lo comunicará tanto al juzgado como al Banco de España, que deberá registrar el inicio del procedimiento en la Central de Riesgos de Créditos. La razón de optar por los notarios como mediadores en estos procesos estriba en la necesidad de «desahogar» los juzgados, evitando que se declare un concurso si deudor y acreedores son capaces de llegar a un acuerdo.

Admitida la solicitud, se suspenderá cualquier procedimiento judicial o extrajudicial existente, así como la acumulación de intereses y la indisponibilidad del patrimonio del deudor, que no podrá contraer créditos ni imponer cargas a su patrimonio.