La diputada del PSPV en las Corts, Vicenta Crespo, dos dirigentes socialistas de Buñol y Yátova y una funcionaria autonómica presentarán hoy ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra la gestión de las ayudas de la Unión Europea para el proyecto Espai Jove Comarcal que desarrolló la Asociación Interior para la Promoción Socioeconómica de la Hoya de Buñol-Chiva. En la denuncia también se apunta a Marcial Díaz, quien habría cobrado dos sueldos públicos, uno como agente de desarrollo local y otro en la ejecución del proyecto. Díaz ahora es director general de Formación Profesional de la Conselleria de Educación y destacado miembro del PP de la comarca.
Los denunciantes tienen redactada una denuncia de 23 páginas a la que ha tenido acceso Levante-EMV y que va sustentada con abundante documentación. En ella aseguran que en el expediente de la subvención Ruralter Leader número 36 de la zona 5 de Desarrollo Rural del PDR 2007/11 se habrían cometido presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, tráfico de influencias o fraude en subvenciones.
El Espai Jove Comarcal fue inaugurado el pasado domingo y tuvo un presupuesto de la UE de 295.000 euros. Los denunciantes aseguran que en un futuro aportarán más documentación para otras denuncias por fondos repartidos en la Hoya de Buñol por valor de cuatro millones de euros. Desde el PSPV pretenden que se investigue tanto la gestión por parte de la solicitante, la Asociación Interior para la Promoción Socioeconómica de la Hoya de Buñol-Chiva como el grupo de acción local de la zona 5 así como la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria como organismo pagador autorizado.
En la denuncia, aseguran que los pagos de las anualidades de 2011 y 2012 para el desarrollo del proyecto se habrían hecho «sin informe favorable ni proyecto técnico visado completo, con una posible manipulación de documentos». Además, señalan que el Ayuntamiento de Chiva y la asociación solicitante habrían vulnerado la ley de Subvenciones al realizar cesiones de terrenos «improcedentes» para conseguir el 100 % de la ayuda europea.
En la denuncia de los socialistas también se revela que existen incongruencias en la documentación de la asociación solicitante, falta la licencia de obras y el visado completo. Tampoco se ha verificado el sistema de contratación, relatan los socialistas, que evidencias numerosas salvedades.
