Los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, denunciaron ayer que hay al menos 260 sindicalistas que están siendo objeto de procedimientos sancionadores o penales en los 81 expedientes abiertos contra ellos por ejercer el derecho de huelga.Asimismo, el secretario general de UGT indicó que ésta «no es una cifra definitiva y podría incrementarse, ya que faltan algunos expedientes». Además, destacó que hay expedientes abiertos en casi todas las autonomías (en 13 de 17).

Así, en la presentación del manifiesto en defensa del derecho de huelga, afirmaron que se ha producido un cambio de criterio «inducido» en la interpretación del derecho de huelga y del delito de coacciones desde la huelga general de marzo de 2012. Así, Méndez afirmó que «durante 35 años se ha producido una interpretación correcta, constitucional del derecho de huelga» y ahora se ha producido un desequilibrio «a favor del Código Penal y en perjuicio de los trabajadores y del derecho a la huelga». Según indicaron, hay expedientes que han concluido con sanciones de carácter administrativo y hay procedimientos abiertos por delitos de coacciones que afectan a 40 trabajadores y representantes sindicales.