Tres funcionarios de la Olaf, la oficina antifraude de la Comisión Europea, se personaron la pasada semana en la Conselleria de Agricultura, que depende ahora de Presidencia, para investigar una ayuda de 1,5 millones a una organización de citricultores valenciana que acabó en la construcción de balsas en Huelva. Fuentes del departamento que dirige José Císcar defendieron que la investigación «no tiene recorrido» respecto a la tramitación del expediente por parte de la Generalitat y, si existe alguna irregularidad, tendrá que dar cuentas el beneficiario.
Este expediente fue denunciada por una funcionaria de la Generalitat ante la Fiscalía Anticorrupción en 2012, que remitió la documentación a la Olaf, al tiempo que también lo hacía la trabajadora pública, que fue trasladada de sitio. Se trata de una subvención de la UE que la Conselleria de Agricultura concedió entre 2007 y 2010 a la Organización Productores de Frutas y Hortalizas Ginero y Asociados. Con ese dinero se construyeron instalaciones de regadío en Huelva.
Fuentes de la investigación consideran que esta ayuda incumplió la legislación medioambiental y cuestionan la titularidad de la subvención. En la denuncia original a la Fiscalía también se revelaba que las ayudas se estaban abonando sin un proyecto redactado. Teóricamente y en la base de las pesquisas se indaga si de las obras se benefició un tercero y no el titular de la ayuda, en este caso la organización valenciana de productores de frutas.
«No estamos preocupados»
Desde Agricultura explicaron que «la impresión» de las pesquisas de la Olaf «no es mala» y que la visita de los funcionarios europeos es «rutinaria» para comprobar la veracidad de la denuncia. «No estamos preocupados por este tema, tenemos muchos otros frentes a los que dedicar nuestra atención», apuntaron.
No hace ni una semana que el PSPV denunció ante la Fiscalía la gestión de varias ayudas europeas en la comarca de la Hoya de Buñol por valor de 8 millones de euros. Además, Paloma Coiduras, llevó a la fiscalía hace un año y tres meses documentación que demostraría supuestas irregularidades de la Generalitat en la concesión de ayudas Ruralter-Leader y Ruralter-Paisaje por valor de unos 150 millones de euros. La investigación se dirigía a la etapa de Maritina Hernández al frente de la Conselleria de Agricultura entre 2007 y 2012.
