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Investigación

La Intervención encuentra 200.000 euros de facturas de la Fundación del Puerto sin justificar

Los gastos están vinculados a siglas y podrían ser parte de las nómimas y de comisiones bancarias

La Intervención General de la Administración del Estado ha comunicado al juez que investiga las supuestas irregularidades en el Puerto de Valencia que ha encontrado 200.000 euros de facturas de la Fundación Valenciaport sin justificar. Los gastos están vinculados a siglas y podrían ser parte de las nóminas y de comisiones bancarias. La auditoría de la Intervención, de 36 folios, concluye que la aportación de dinero que la Autoridad Portuaria ha realizado en los últimos años a la fundación supuestamente está mal hecha porque debería haberse abonado como subvención para garantizar su control. El punto más crítico el informe son los salarios de hasta 120.000 euros sin justificar que cobraron tres personas. Las nóminas son de ingenieros de caminos. Dos de los trabajadores que cobraban 120.000 euros anuales ya no están en nómina.

Fuentes cercanas al caso explicaron que el titular del juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, Félix Blázquez, va a dar unos días a las partes por si necesitan pedir alguna aclaración del informe. Después, el juez va a citar a declarar en calidad de imputados a los cuatro denunciados: Rafael Aznar, presidente del Puerto; a los directivos Juan Antonio Delgado e Ignacio Pascual; y al técnico del departamento económico-financiero de la APV José Antonio Morales.

La Autoridad Portuaria de Valencia inyectó 5.313.133 euros a la Fundación Valenciaport entre 2011 y 2013. Ese dinero, según los interventores, es el que debía haberse ingresado como subvención.

El director general de la Fundación Valenciaport, Vicente del Río, aseguró ayer que esta entidad es «anualmente auditada en sus estados económicos con opinión favorable», además de «los controles y la dación de cuentas a que se encuentra obligada como consecuencia de la percepción de subvenciones públicas para el desarrollo de proyectos de I+D, tanto a nivel nacional como europeos». Asimismo, el directivo de la entidad financiada con fondos que aporta la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aseguró haber realizado un trabajo «profesional» y que «siempre se ha conducido con estricta legalidad».

La fundación sale así al paso del informe de la Intervención General del Estado (IGAE), que advierte de graves irregularidades en la entidad que preside Rafal Aznar, a la sazón máximo responsable de la APV. El informe, como ayer informó Levante-EMV, está en manos del juez que investiga un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

Valenciaport dice que ha puesto a disposición de la Intervención y a solicitud de los juzgados «toda la información requerida». Esta entidad tiene 48 trabajadores que en su mayoría provienen del ámbito universitario y portuario.

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