El informe definitivo de la Intervención General de la Generalitat sobre Feria Valencia «en términos generales va en la línea del provisional», que detectaba sobrecostes del 86,7 % en las obras de ampliación 251 millones por encima de lo presupuestadoy calculaba que el aval de la Generalitat podría costarle 1.027 millones hasta 2029, según admitió ayer el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, durante la rueda de prensa de presentación de los presupuestos del Consell para 2015. El informe fue remitido la semana pasada a la Fiscalía, después de que este organismo enviara a la Intervención un requerimiento en el que informaba de que había abierto diligencias de investigación penal sobre este asunto y demandaba que se le transmitiera toda la información que tuviera al respecto la Intervención, dependiente de la conselleria de Hacienda.

Dado que en ese momento ya estaba terminado el informe definitivo tras ser modificado el provisional con las alegaciones presentadas por Feria Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y el Instituto Valenciano de Finanzas, la Intervención envió el documento definitivo. Moragues afirmó desconocer qué hay detrás de ese requerimiento ni «en virtud de qué» la Fiscalía ha iniciado esas investigaciones y señaló que aunque la Intervención no tiene que pedirle permiso para enviar el documento, se le informó de que se remitía el mismo día en que hizo.

La filtración del envío del documento a la fiscalía causó ayer una enorme inquietud en la institución ferial y en ámbitos políticos y empresariales que no se acabó de despejar del todo pese a que Moragues desveló que no se trataba de una denuncia de su departamento sino del cumplimiento de un trámite legal. El problema radica en la convicción general de que, si hubiera sido Hacienda la que hubiera tomado la iniciativa, en el ayuntamiento de Valencia, cuya titular, Rita Barberá, es presidenta del patronato ferial, se habría interpretado como una declaración de guerra. Al margen de otras consideraciones políticas, el gran problema habría estado en que una Barberá ofendida hubiera optado por torpedear las negociaciones que mantiene con la Generalitat y Feria Valencia para diseñar el futuro de la institución. Fuentes del propio ayuntamiento, no obstante, aseguraron que en el consistorio se tiene claro que no ha habido una acción ofensiva por parte del Consell, cuyo titular, Alberto Fabra, mantiene una relación más que tirante con Barberá. Asimismo, apuntaron que la mayor inquietud es que el interventor ha elaborado el informe con criterios de contabilidad de empresa pública cuando el propio Consell Jurídic Consultiu ha determinado que Feria Valencia es una entidad privada. Las fuentes consultadas coinciden en que habrá que esperar a próximas reuniones del grupo de trabajo ferial para constatar que no hay ruptura.

En relación con el informe, Moragues precisó que «alguna alegación se tiene en cuenta» , pero básicamente ratifica el pronunciamiento inicial y lleva al Consell a solicitar «los informes oportunos para ver en qué sentido afecta a la Generalitat». En el documento «se hacen unas recomendaciones que hablan de la posibilidad de modificar estatutos, modificar el convenio de colaboración y también de establecer una actividad que dé eficiencia a Feria Valencia». Según el conseller, su departamento está «en fase de estudio» de ese documento y de pedir «más opiniones e información al respecto». Sobre la posible adopción de responsabilidades en base al contenido de ese informe, apuntó que el mismo «analiza una serie de cuestiones referentes al pasado de Feria Valencia» y expresó su compromiso de colaborar con la justicia.