El titular del juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, Félix Blázquez, ha citado como imputado al presidente del puerto, Rafael Aznar, y a los otros tres denunciados por las irregularidades en los gastos. El juez ha tomado la decisión tras recibir el informe de la Intervención que le advertía de graves irregularidades. Blázquez ha citado a Aznar el tres de diciembre a las 9.30 horas. Dos días antes declararán como imputados los directivos Juan Antonio Delgado e Ignacio Pascual y al técnico del departamento económico-financiero de la APV José Antonio Morales. El juez los ha citado con intervalos de una hora.
El magistrado Félix Blázquez pidió hace un año a la Intervención General un informe exhaustivo sobre la fundación y los resultados son «demoledores». La Fundación Valenciaport ha operado en los últimos años como una auténtica agencia de colocación de directivos y ex altos cargos del puerto en calidad de profesores de diversas áreas de formación, investigación y cooperación de esta entidad sin ánimo de lucro. Las conclusiones del documento inciden en que el dinero que pone la Autoridad Portuaria a la Fundación incumple la normativa que rige el funcionamiento de las fundaciones. Los peritos destacan los salarios desmesurados y sin justificar de hasta 120.000 euros/año. Además, los interventores desgranan una gran cantidad de gastos que tampoco están justificados.
La Intervención General de la Administración del Estado también ha comunicado al juez que ha encontrado 200.000 euros de facturas de la Fundación Valenciaport sin justificar. Los gastos están vinculados a siglas y podrían ser parte de las nóminas y de comisiones bancarias. La auditoría de la Intervención, de 36 folios, concluye que la aportación de dinero que la Autoridad Portuaria ha realizado en los últimos años a la fundación supuestamente está mal hecha porque debería haberse abonado como subvención para garantizar su control. El punto más crítico el informe son los salarios de hasta 120.000 euros sin justificar que cobraron tres personas. Las nóminas son de ingenieros de caminos. Dos de los trabajadores que cobraban 120.000 euros anuales ya no están en nómina.
Los auditores también cuestionan que los ingresos de dinero en la fundación se realizaran directamente y no a través de subvenciones. Los interventores explican en el documento que las subvenciones tienen un mayor control.
La Autoridad Portuaria de Valencia inyectó 5.313.133 euros a la Fundación Valenciaport entre 2011 y 2013. Los únicos ingresos de Valenciaport que no provienen de la Administración son de convenios universitarios y son fondos residuales.
El Tribunal de Cuentas también censuró que la Autoridad Portuaria desembolsara 8,9 millones de euros entre 2008 y 2009 en aportaciones a fundaciones como patrono. El ente fiscalizador denunció gastos entre 2008 y 2010 de 478.000 euros que no guardaban ninguna relación con la actividad portuaria.
La APV, según la documentación en manos del juez, abonó 171.150 euros a la Cátedra Logística y Transporte Internacional de la Universitat de Valencia; 42.821 euros a los Premios Jaime I-Fundación de Estudios Avanzados y 23.500 euros a la cátedra gestión y desarrollo sostenible en los puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, la Autoridad concedió entre 2011 y 2013 cerca de 15.000 euros a la Junta Mayor de la Semana Marinera; 4.800 euros a la Hermandad del Santísimo Cristo o 13.300 a un concurso de paellas.
El segundo presidente de puerto imputado
Se da la circunstancia de que Aznar es el segundo presidente de autoridad portuaria que sufre una imputación, tras la de José Joaquín Ripoll en Alicante por Brugal. Hasta ahora, la línea roja de Alberto Fabra, que es quien designa a los presidentes de los puertos, no se ha activado.
