Feria Valencia vive momentos de angustia por culpa de la parálisis en el grupo de trabajo que debe diseñar su futuro. La preocupación es máxima en la entidad desde que la remisión a la Fiscalía del informe de la Intervención de la Generalitat que cuantificó los millonarios sobrecostes en las obras de ampliación provocó la ira de la alcaldesa de Valencia y presidenta del patronal ferial, Rita Barberá, contra el Consell de Alberto Fabra.
Las tres partes que conforman el grupo de trabajo „las consellerias de Hacienda y Economía por la Generalitat, el ayuntamiento y la propia Feria„ tenían ya muy avanzado el nuevo proyecto, que contemplaba la división de la entidad en dos partes, una pública que asumiría la deuda y los inmuebles, y otra privada que se haría cargo de la gestión, cuando la publicación del citado informe, primero, y, sobre todo, la posterior investigación de la Fiscalía, provocó la ruptura de las negociaciones.
Fue el ayuntamiento de Valencia el que rompió la baraja, en un contexto de fractura política entre Barberá y Fabra. La alcaldesa entiende como un ataque la redacción del informe del departamento dependiente de la Conselleria de Economía „no en vano todas las irregularidades detectadas se produjeron siendo ella presidenta del patronato ferial„ y, muy especialmente, el hecho de que fuera la propia Intervención la que diera pie a la investigación del fiscal al haberle enviado el documento provisional. Así las cosas, la reunión del grupo de trabajo convocada para el 4 de noviembre fue suspendida al negarse Barberá a participar en la misma.
Desde entonces, no ha sido posible reanudar las negociaciones. En los últimos días, según las diversas fuentes consultadas, el presidente de la institución ferial, José Vicente González, ha redoblado los contactos con todas las partes implicadas al más alto nivel, incluida la propia Barberá, para reconducir la situación. De momento no ha tenido éxito.
La negativa de la alcaldesa es de gran relieve porque podría poner en peligro todo el trabajo realizado hasta ahora y la misma supervivencia de la institución. En especial si no entra en razón en breve. A nadie se le escapa que los plazos se van acabando, porque las elecciones autonómicas y municipales están a la vuelta de la esquina y, sin un acuerdo más o menos próximo entre las partes, el futuro ferial estaría comprometido, entre otras cuestiones por los efectos muy negativos sobre el negocio: podrían paralizarse las contrataciones, verse afectada la relación con los proveedores e incurrir en irresolubles problemas de tesorería.
Aunque la entidad sigue funcionando con cierta normalidad por el momento, la indefinición sobre su naturaleza „la Sindicatura de Cuentas dice que es pública y el Consell Jurídic Consultiu, que privada„ afecta a los contratos y supone un riesgo para los actuales gestores, que podrían ser perseguidos judicialmente, según las circunstancias, si formalizan como privado un contrato que debía ser público.
Esa indefinición debía aclararse en el grupo de trabajo mediante la división de la entidad en una firma privada y otra pública. La primera, además de estar liberada para los contratos, permitiría tener acceso directo a la financiación bancaria.
La entidad está resolviendo ahora sus problemas de tesorería con los ingresos de explotación y el aval de tres millones que le dio la Generalitat, pero ese dinero va mermando, entre otros motivos porque una parte se destinó al pago de indemnizaciones de despido y, si no hay un acuerdo en el grupo de trabajo, la entidad pasará serios apuros por falta de liquidez.
Acreditar el congreso del PP
Por otro lado, el portavoz de Compromís en Les Corts, Enric Morera, aseguró ayer que la entidad ha pedido a la Sindicatura de Comptes, dado que ha señalado que Feria Valencia le debe rendir cuentas porque es «una entidad pública», que acredite «por qué no se ha pagado por parte del PP» el congreso nacional que se celebró en la institución en 2008, donde Mariano Rajoy fue reelegido presidente y que costó 568.511 euros.
