Uno de los técnicos que cobraba más de 120.000 euros de la Fundación Valenciaport aseguró en un correo electrónico que él solo estaba dispuesto a viajar en un vuelo transoceánico en clase business. El técnico ha sido despedido por competencia desleal y ahora reclama un complemento de 20.000 euros anual que dejó de cobrar en 2012. Sin embargo, el tiro puede salirle por la culata. La Abogacía del Estado desveló ayer en el juicio varios correos comprometedores que le pueden perjudicar en sus intereses. En uno de ellos advertía a sus jefes: «No sé para que me convocáis —a una reunión— si no pienso hacer nada». La letrada del directivo, que se llama Juan Miguel Esquembre, replicó a la abogada del Estado que los correos están sacados de contexto y su representado los escribió en pleno conflicto laboral.
El último informe entregado por la Intervención del Estado al juez que investiga las supuestas irregularidades en la Fundación Valenciaport alertó de que los sueldos de tres directivos superaban los 120.000 euros. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha despedido a dos —entre ellos a Esquembre— y mantiene una confrontación con el tercero. En este contexto de enfrentamiento laboral, aparecieron las denuncias anónimas de las irregularidades en el puerto que propiciaron la investigación judicial. El juez solo ha imputado como responsables de las supuestas irregularidades al presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Aznar, a los directivos Juan Antonio Delgado e Ignacio Pascual y al técnico del departamento económico-financiero de la APV José Antonio Morales. Los cuatro están citados a declarar como imputados la próxima semana.
El juicio de ayer se centró solo en la reclamación anual de 20.000 euros que exige Juan Miguel Esquembre y que dejó de percibir tras la entrada de Vicente del Río como director de la fundación hace dos años.
La Abogacía del Estado mantiene que la reclamación de Esquembre no está justificada. La letrada del Estado advirtió al juez que Esquembre fue despedido en 2013 por «fraude, deslealtad, abuso de confianza y competencia desleal» al actuar en connivencia con otros compañeros en contra de los intereses de la fundación.
La Abogacía del Estado insistió en que los correos electrónicos que presentó como prueba demuestran el estado de ánimo del trabajador. «Con el modelo de gestión que lleváis (...) me quedan pocas ganas de hacerlo», «yo ya he dicho que si no iba en business no viajaba», recogen los mensajes.
La abogada del demandante pidió al juez que no aceptara como prueba los correos electrónicos e incidió en que eran maliciosos y sacados de contexto». La letrada apuntó al juez que los correos realmente demuestran una relación deteriorada «porque denunció malas prácticas que no toleraba».
