Algo corto se quedó el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, cuando a principios de mes dijo que el informe de la Intervención de la Generalitat sobre la ampliación de Feria Valencia «en términos generales va en la línea del provisional». En términos generales e incluso en el detalle. El documento final, según la información obtenida por este diario, es casi un calco del inicial. Desde luego, mantiene al milímetro las conclusiones „que cifraban los sobrecostes por aquellas obras en 251 millones, un 86 % por encima de lo presupuestado„ y no acepta prácticamente ninguna de las alegaciones que presentaron la Feria, la conselleria de Economía y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
De hecho, no tomó en consideración el informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que las partes solicitaron a resultas del documento provisional de la Intervención. El motivo argüido para obviarlo fue que había sido presentado fuera del plaza de alegaciones, como así sucedió, si bien antes de la redacción definitiva del informe del departamento dependiente de la conselleria de Hacienda. Esta es una cuestión de trascendencia, dado que la Intervención describía en su texto provisional a Feria Valencia como una entidad de derecho público y denunciaba que sus gestores vulneraron de forma sistemática el marco normativo de contratación pública y adjudicaron contratos millonarios sin respetar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y trasparencia de los procedimientos. Por contra, el dictamen del CJC hizo suyos los argumentos de la institución ferial y concluyó que esta podía seguir adscrita al sector privado o, dicho de otra forma, como una asociación de utilidad pública sin las exigencias de control de cuentas o de contratación propias de las empresas del sector público.
El informe definitivo, que Hacienda ya ha distribuido a las partes, tampoco admite la alegación de la Feria de que hubo 98 millones no presupuestados inicialmente que no se debieron a sobrecostes, sino a nuevos proyectos, como la nueva infraestructura viaria de acceso al recinto. A este respecto, el único cambio es de concepto: donde decía al principio «se ha desviado», ahora habla de que «se ha incrementado» tal cantidad. Una cuestión de matiz, aunque la segunda acepción en menos peyorativa que la primera. Otra alegación de la Feria y el IVF aceptada es que el convenio de financiación firmado entre la Generalitat y la institución, por el que la primera se hace cargo del pago de la deuda, cifrada en 1.027 millones, no se ha incumplido, como decía la Intervención, porque no contempla la comprobación material de las obras.
Sin embargo, el interventor, ahora perito designado por la fiscalía que investiga el caso para hacer un informe de mayor alcance, insiste en que la Feria devuelva a la Generalitat los sobrecostes injustificados „no hay facturas falsas, aunque sí facturas infladas, con precios no acordes a mercado„, aunque en su trabajo de campo solo analizó un 2 % del coste global, es decir, 11 millones. Ante la alegación ferial de que no se puede generalizar cuando se detecta un sobrecoste del 160 % en una partida, porque la diferencia es de 21.885 euros de un total de 587 millones, el informe dice que solo ha extrapolado el importe. Por último, sobre la falta de rentabilidad del recinto en relación al de Madrid, acepta la alegación de que este está en la capital y es más atractivo, pero añade que los impulsores del mismo debieron valorarlo antes de hacer una inversión en superficie similar.
