El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha citado a declarar en calidad de imputados a Joachim Limberg y Wolfgang Born, los dos altos ejecutivos de ThyssenKrupp responsables de gestionar la participación de la multinacional alemana en la filial compartida al 50 % con Ros Casares, la mercantil Thyssen Ros Casares. La imputación se produce como consecuencia de la admisión a trámite de la demanda penal interpuesta el pasado mes de julio por la compañía valenciana que lidera Francisco Ros García en la que atribuye a los dos directivos presuntos delitos de estafa, administración desleal y societario.
Los dos imputados tendrán que declarar el próximo 19 de enero, según el auto emitido la semana pasada para el que cabe recurso de reforma en el mismo juzgado. En el caso de Limberg, la imputación alcanza nada menos que al presidente de la división de Materiales de ThyssenKrupp, una área que factura 7.000 millones al año y que tiene en nómina a 14.000 personas. Limberg fue consejero de Thyssen Ros Casares hasta que en octubre del año pasado abandonó su cargo junto al resto de representantes de la multinacional en pleno conflicto con sus socios valencianos y tras el cierre de Galmed en Sagunt.
Junto a Limberg también presentó su renuncia Wolfgang Born. Este directivo tenía una relación más directa con la gestión diaria de Thyssen Ros Casares, donde ejerció de director financiero hasta que fue despedido por la familia Ros. Además de trabajar para la filial compartida, Born era el consejero responsable del Galmed y fue el encargado de comunicar a la plantilla y ejecutar el cierre a partir de febrero de 2013. Sin embargo no informó de la decisión a Thyssen Ros Casares, que se proveía con material procedente de Galmed. No fue hasta junio del mismo año cuando Ros Casares tuvo constancia oficial de una clausura que comprometía seriamente sus mecanismos y flujos de producción.
Según fuentes jurídicas la denuncia presentada por Ros Casares pone en cuestión pagos ordenados por Born y Limberg desde la filial participada a otras compañías de Thyssen.
La acción penal forma parte del paquete de iniciativas judiciales que Ros Casares ha lanzado contra sus socios en la mercantil propietaria de la plantas del Port de Sagunt y El Puig, que fabrican planchas (planos) para el mercado del automóvil. La familia Ros ha solicitado además un arbitraje a la Cámara de Comercio de Valencia por el incumplimiento del acuerdo de socios tras el cierre de Galmed; ha interpuesto una demanda de acción social por la renuncia de los consejeros de Thyssen en la que reclama 69 millones; y ha puesto en marcha otras iniciativas contra la multinacional alemana. En conjunto, en el marco del concurso de acreedores de Ros Casares, la compañía ha hecho un requerimiento a Thyssen por daños y perjuicios de 112 millones de euros.
