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Informe

Barberá condiciona el acuerdo de la Feria a que Valencia no pierda su patrimonio

La alcaldesa y presidenta del patronato de la institución rebaja la tensión por el informe enviado a la fiscalía y ubica las negociaciones en la situación previa - El Consell quiere que los inmuebles reviertan a la Generalitat ya que paga la enorme deuda

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dio ayer un aparente paso atrás en el desencuentro que mantiene con la Generalitat a cuenta de Feria Valencia, aunque en realidad puso sobre la mesa sus condiciones, parece que irrenunciables, para que se sustancie un acuerdo en el diseño del futuro de la institución. Rita Barberá, se mostró «absolutamente de acuerdo» en separar la gestión de la entidad de las infraestructuras «siempre y cuando no sea a costa del patrimonio municipal».

La cuestión clave de todo el asunto se encuentra en que el ayuntamiento es el dueño del suelo donde ejerce su labor Feria Valencia a través de una concesión que contempla que los inmuebles ubicados sobre esa superficie pasarán a ser propiedad municipal al término de la misma.

El problema es que las obras de ampliación del recinto, cuyos costes globales del informe de la Intervención de la Generalitat elevó a 1.027 millones de euros, corren a cargo de la Administración autonómica en virtud de un convenio de financiación firmado con Feria Valencia y el Consell, representado por los departamentos de Hacienda y Economía en el grupo de trabajo que diseña la nueva institución junto al ayuntamiento y la entidad de eventos, reclama algún tipo de compensación a cambio. Dicho de otra forma, exige que el pago de la deuda comporte la futura titularidad de los inmuebles.

A lo largo de este año, el citado grupo fue avanzando en el proyecto y uno de los acuerdos alcanzados, esencial para el futuro de la institución, era el de dividirla en dos. Una empresa de titularidad pública se haría cargo de la deuda y el patrimonio inmobiliario y otra de carácter privado se dedicaría a la gestión comercial, tal vez dando entrada a un operador del sector o a empresas interesadas. La división solventaba también la disputa sobre si Feria Valencia tiene naturaleza pública o privada.

En estas llegó el informe de la Intervención, dependiente de la Conselleria de Hacienda, y provocó la ira de Barberá, también presidenta del patronato ferial. El documento provisional, luego ratificado en el definitivo pese a las alegaciones presentadas, detallaba sobrecostes en las obras del 86 %, de tal modo que lo que debía costar 325 millones acabó en 587, además de diversas irregularidades en la gestión y de consagrar a la entidad como firma pública.

Este texto fue remitido después a la fiscalía, que ha abierto una investigación. Una decisión que enojó sobremanera a Barberá con el Consell de Alberto Fabra, tanto que provocó la anulación sine die de la reunión del grupo de trabajo ferial prevista para el 4 de noviembre.

Fuentes de las partes implicadas en la negociación acogieron ayer con gran alivio las palabras de la alcaldesa e interpretaron que lo que significan es que la situación se ha reconducido al estado previo a la emisión del informe de la Intervención.

Es decir, que en breve volverá a reunirse el citado grupo y que el debate se retomará donde estaba, o sea, en discernir las diferencias entre Generalitat y ayuntamiento sobre la propiedad del patrimonio ferial. Ahora bien, de las manifestaciones de Barberá también se puede interpretar que esta podría canjear su malestar por el informe con no variar su postura.

Fuentes del consistorio aseguraron al respecto que Barberá «no puede en modo alguno hacer perder patrimonio a la ciudad». Así que no cederá. Si quiere acuerdo, el Consell deberá ser magnánimo.

Como prueba de buena voluntad, después de que el lunes lanzara la acusación de que «se está destrozando» la Feria por «historias políticas», ayer Barberá aludió a «razones de lealtad» para argumentar que no quería entrar en discusiones con instituciones del mismo signo político que ella, porque se siente «muy disciplinada».

Asimismo, añadió que el grupo de trabajo «no es que haya parado, es que las historias políticas son muy largas y yo no quiero entrar en ellas», concluyó. Hacienda confía en reanudar las negociaciones en el plazo de dos semanas como máximo.

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