Las "luchas de poder" y la "premura" con que se llevó el proceso de integración de siete cajas de ahorro que derivó en la constitución de Bankia contribuyeron a la crisis de la entidad, según se recoge en el informe que los peritos del Banco de España han entregado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

El informe pericial, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la gestión de Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), es "uno de los factores que explican la crisis del grupo" y considera "sorprendente" que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizara en 2012 una recomendación para que se adoptaran "medidas prontas y decisivas para reforzar el balance y mejorar la gobernanza de la entidad".

Según los expertos, "buena parte" de las deficiencias detectadas en Bankia podrían considerarse "comunes a la generalidad de entidades, como la parquedad de las actas de los órganos de gobierno, pues se protege la confidencialidad de los debates". "Lo mismo respecto a las luchas de poder, más o menos explícitas, pero comprensibles en cualquier proceso de integración", añaden.

Los expertos del regulador ponen de relieve, además, "la premura" con que se desarrolló el proceso de integración, en el que se produjeron "problemas informáticos", y "la vertiginosa sucesión de los acontecimientos, el deterioro del marco económico español e internacional y las importantes modificaciones legislativas en materia de provisiones y requisitos de solvencia", que consideran "obstáculos monumentales" para el desarrollo de la entidad.

Los peritos del Banco de España destacan que sociedades "dependientes" de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), presentaron órdenes de compra no vinculantes por un importe total de 357 millones de euros durante el periodo de colocación de las acciones de la salida a Bolsa del banco sin las cuales los límites para considerar exitosa la operación no se hubieran alcanzado.

"Sin estas ofertas, las acciones ofertadas se habrían reducido a 284 millones de acciones y no hubieran alcanzado el mínimo fijado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", indican.

Entre estas sociedades "dependientes" se encontraba Mapfre, asociadada a BFA, que poseía un 15 por ciento de su capital y que presentó órdenes de compra por 281 millones. Hasta 17 inversores adquirieron acciones a pesar de tener riesgos refinanciados, "por lo que no se entiende que compraran acciones teniendo problemas en el servicio de su deuda".

La distribución por volumen de las órdenes al precio de 3,75 euros indica que 57 ofertas de 29 grupos económicos acumulaban 1.247 millones de euros o 332,5 millones de acciones, el 100,2 por ciento del mínimo requerido por la CNMV.

El precio de la acción se rebajó a 3,75, por debajo de la banda de precios aprobada el 28 de junio que iba de los 4,41 a 5,05 euros porque sólo se había localizado demanda suficiente a ese precio más bajo si se quería cubrir el requisito exigido por la CNMV, que era de 329.828.901 acciones en el tramo institucional, un 40 por ciento del total.

El informe también destaca que la distribución de órdenes a 3,75 euros por colocadores muestra que "Bankia encontró mercado", pero otras entidades colocadoras no. El banco se ocupó del 86 por ciento de total ofertado, mientras que las restantes entidades colocadoras sólo captaron órdenes por el 33,7 por ciento.

Ventas sospechosas

Los dos peritos también señalan que varios inversores del tramo institucional de la OPS vendieron las acciones adquiridas pocos días después de su compra. Resaltan, en concreto, la operación efectuada por la Cámara de Comercio de Madrid, que vendió su inversión de 12 millones de euros (3,2 millones de acciones) sólo dos días después de comprarlas.

"Estos casos de ventas inmediatas plantean serias dudas sobre los motivos de la suscripción", destaca uno de los dos expertos del banco de España en el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que ha tenido acceso Europa Press.

Reacción de Goirigolzarri y Bankia

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado que el informe de los peritos del Banco de España que cuestiona el rigor contable aplicado en las cuentas de la entidad correspondientes al ejercicio 2011 y que se aprobaron en marzo de 2012 y fueron reformuladas en mayo de ese mismo año ya bajo su mandato, "no detecta ningún ajuste adicional de provisiones".

En declaraciones a Europa Press, Goirigolzarri ha hecho hincapié en que todas las cuestiones de fondo analizadas en el informe presentado por los expertos al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu "son alejadas en el tiempo" y anteriores a su llegada a la presidencia de la entidad.

"Cuando el nuevo equipo se incorporó detectamos todos los problemas relevantes que había en el grupo y los pusimos encima de la mesa, con absoluta profesionalidad y transparencia. Y además quedaron perfectamente cubiertos, y hoy en el informe no se ha detectado ningún ajuste adicional de provisiones", ha subrayado Goirigolzarri.

El presidente del banco nacionalizado ha aprovechado para reafirmar el compromiso del actual equipo gestor de la entidad de "seguir devolviendo las ayudas a los contribuyentes".

Goirigolzarri ha querido aclarar estos puntos tras publicarse dicho informe, al tiempo que subrayado que la entidad lo está analizando "con gran profundidad".

Bankia ha asegurado que analizará el dictamen elaborado por dos peritos del Banco de España que hoy han entregado al juez instructor del "caso Bankia", Fernando Andreu, y tras su estudio, "efectuará las alegaciones y propondrá las pruebas que a su derecho y mejor defensa convengan".

Bankia ha hecho esta consideración en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que en dicho informe pericial se ponga de manifiesto que las cuentas de Bankia y su matriz BFA de 2011, el último completo de Rodrigo Rato en la presidencia del grupo, así como las reformuladas por su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, no reflejaban "la imagen fiel de estas entidades"