El fondo de pensiones de los empleados de la CAM acaba en los tribunales

La quiebra y posterior desaparición de la CAM sigue dando trabajo a los tribunales, en esta ocasión, a cuenta de la fusión del fondo de pensiones de los trabajadores de la caja con el que tiene la plantilla del Sabadell. Una integración obligatoria por ley después de que la entidad catalana se hiciera cargo del negocio de la alicantina pero que un grupo de exempleados de la CAM, agrupados en torno a la organización de consumidores «José María Mena», considera que no se ejecutó correctamente y que les hizo perder entre un 15% y un 20% del valor de sus planes de pensiones.

Hasta la fecha ya son más de 125 los afectados que se han sumado a las acciones judiciales, que se han iniciado con la presentación de una quincena de demandas de conciliación contra los que consideran responsables de lo ocurrido, como paso previo a la interposición de una demanda o querella criminal.

El origen del conflicto se encuentra en la valoración que se realizó de las antiguas sedes de la CAM en Alicante, Valencia y Barcelona para ejecutar la fusión. Los tres edificios son propiedad de los empleados de la entidad desde el año 2008, cuando el entonces director general de la misma, Roberto López Abad, se los vendió por unos 63 millones de euros, acuciado por los problemas de liquidez que ya arrastraba la caja. Para vencer las reticencias de los sindicatos, la operación incluyó un compromiso de recompra por el mismo importe transcurridos diez años y la garantía de que la entidad abonaría durante ese periodo un alquiler anual equivalente al 5,5% de la inversión realizada.