El Banco de España excluye a cinco consejeros del expediente a la SGR

El Banco de España remitió ayer a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana el pliego de cargos por la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de sus ratios de solvencia durante los meses previos a la refinanciación de su deuda en julio de 2013, según informó ayer la entidad avalista en un comunicado. El supervisor, según otras fuentes consultadas por este diario conocedoras del escrito, mantiene en todos sus términos las conclusiones ya conocidas sobre el caso y da veinte días de plazo a la SGR y a los consejeros actuales o pasados implicados para que presenten las alegaciones previas a la resolución del organismo público. La gran novedad del escrito es que excluye del expediente a cinco consejeros de la sociedad avalista que permanecieron en sus cargos menos de seis meses. Se trata de Adolfo Porcar, Jesús Navarro, Joaquín Maldonado, Joaquín Farnós y Manuel García. Se mantienen las acusaciones para los otros 43 directivos, entre ellos el expresidente, José Roca, y el exdirector general, Juan Manuel García Puchol.

El Banco de España abrió de oficio el pasado mes de octubre un expediente provisional sancionador por incumplir la SGR el coeficiente mínimo de solvencia durante un período mayor de seis meses, en el que los recursos mínimos se situaron por debajo del 80 % del mínimo establecido reglamentariamente. El incumplimiento se produjo en el marco del laborioso y prolongado proceso que la sociedad vivió desde junio de 2012 para evitar su disolución, después de que una desaforada gestión en los años previos a la crisis la situara al borde de la quiebra. Fue necesaria la participación económica de la Generalitat, como avalista ante la banca y para restablecer el equilibrio patrimonial, para encontrar una salida que se demoró en exceso, entre otros motivos por la necesidad del plácet de Madrid y Bruselas. Ahí estuvo la causa del citado incumplimiento, del que eran conscientes las autoridades españolas.

A pesar de eso, el propio Banco de España abrió el expediente y en el escrito remitido a la SGR tipifica las sanciones según la ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito. Las diversas fuentes consultadas coinciden en que todo indica que el supervisor discriminará a la hora de sancionar a los consejeros, es decir, que el peso de la culpa recaerá más en los que crearon la situación de quiebra, como García Puchol, que en quienes trabajaron para evitar su hundimiento tras la salida del antiguo equipo gestor. En cualquier caso, las sanciones previstas son elevadas: desde una amonestación pública a un millón de euros para la SGR y desde la incompatibilidad durante más de tres años en consejos de entidades de crédito hasta una multa de medio millón para cada consejero. Las citadas fuentes aseguraron que el actual consejo de la SGR está previsto que se reúna en breve para tratar de mancomunar la defensa „y las alegaciones„ de los consejeros.