La batalla entre Ros Casares y Thyssenkrupp no sólo no remite hacia un acercamiento sino que se ha recrudecido de forma notable. La multinacional alemana ha rechazado pactar la composición del consejo de administración de la sociedad conjunta Thyssen Ros Casares y el cargo de presidente que ofrecía el grupo valenciano y ha presentado una querella por la vía penal contra toda la familia por un supuesto delito societario.
En un escrito remitido al juzgado mercantil número uno de Valencia al que ha tenido acceso Levante-EMV, la filial Thyssen Stahl Service Center GMBH reclama al titular Salvador Vilata que aparte a los consejeros de la familia Ros, intervenga la empresa compartida y deje su administración y disposición de patrimonio en manos de la administración concursal.
La multinacional cuestiona la legitimidad de los actuales consejeros y las decisiones adoptadas y afirma que ha reclamado la suspensión de sus facultades. Los alemanes justifican sus peticiones en que las convocatorias de la última junta de accionistas se hizo con sólo dos consejeros con sus cargos vigentes. Hay que recordar que los representantes de Thyssen dimitieron de sus puestos en octubre de 2013. Desde entonces los órganos sociales han estado bloqueados, aunque la familia Ros ha dirigido la sociedad.
El pasado sábado 10 de enero y en segunda convocatoria de junta de accionistas convocada sin la presencia de los alemanes, Ros Casares, como propietario del 50 % de la empresa conjunta, propuso que la presidencia del consejo de administración recayese en la persona física que designase Thyssen. El día anterior, los representantes de los alemanes habían rechazado que fuera Francisco Ros García quien la asumiera.
La propuesta de Ros Casares iba dirigida a tratar de propiciar un acercamiento y evitar que el Gobierno de la compañía (con plantas de fabricación de chapas para automoción en Sagunt y El Puig ) recayese en la administración concursal. La familia Ros cree que la pérdida de la gestión por parte de los socios sólo puede conducir a la liquidación.
Lejos de aceptar el pacto, Thyssen insiste en que la empresa sea intervenida judicialmente e informa al juzgado de que se ha querellado contra Francisco Ros García, su hermano Germán y su tío Germán Ros Casares. La denuncia fue presentada en noviembre del año pasado en un juzgado de Massamagrell y ha sido admitida a trámite. Los tres empresarios han sido citados para declarar en calidad de imputados el próximo 27 de enero. En junio del año pasado Ros Casares también presentó una demanda penal contra los representantes de Thyssen Wolfgang Born y Joachim Limberg. Ambos han sido citados a declarar el próximo lunes.
La posición de la multinacional alemana ha enrarecido más si cabe el ambiente no sólo en Thyssen Ros Casares, sino también en el grupo Ros Casares y la banca acreedora, que lleva meses tratando de propiciar un acuerdo para buscar una solución económica al conglomerado de empresas, todas ellas en concurso de acreedores y con una deuda conjunta de más de 200 millones de euros.
Francisco Ros García aseguró ayer a este diario que a su juicio todas las acciones que está llevando a cabo Thyssen le invitan a «interpretar que lo que están buscando es la liquidación» para luego adjudicarse los activos productivos rentables en una subasta. Por contra, Ros García sostiene que los alemanes deben cumplir los pactos de accionistas y proporcionar los suministros fijados para garantizar el funcionamiento de la compañía. En virtud de esos suministros, Thyssen no sólo es accionista de Thyssen Ros Casares al 50 %, sino también acreedora con cerca de 14 millones pendientes de cobro y otros cinco millones en litigio. Por su parte la banca tiene unos 10 millones pendientes y otros acreedores comerciales los cerca de 12 millones restantes.
El duro enfrentamiento entre los socios ha llevado a la banca a retraerse de la negociación tras haber intentado intermediar. En la última reunión de los ejecutivos del denominado G-6 (Santander, Bankia, Sabadell, Caixabank, Popular y BBVA) dentro del marco del denominado fondo Fénix para empresa industriales el asunto de Ros Casares ni siquiera se trató.
