El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la ley catalana que regula el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, con lo que esta norma queda automáticamente suspendida, según informó ayer en un comunicado. La suspensión, que el Tribunal deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses, obedece a la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que señala que la impugnación por parte del Gobierno de disposiciones o resoluciones autonómicas implica su suspensión.

El Constitucional adoptó una decisión idéntica el pasado mes de octubre respecto a la tasa valenciana a la banca implantada desde enero de 2014 por la Generalitat.